El presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz se refirió a la difícil situación económica y laboral que están atravesando quienes alquilan y afirmó que las inmobiliarias siguen presionando a los inquilinos para que paguen en los locales, impulsando a la violación de la cuarentena. Además, una encuesta de la organización reveló que muchas inmobiliarias no están cumpliendo el decreto presidencial que prorroga los contratos de alquileres hasta septiembre.
Una encuesta realizada por la organización reveló que hay un gran problema con las inmobiliarias, que no cumplen el decreto presidencial que las obliga a prorrogar los contratos de alquiler desde el mes de marzo hasta septiembre, además de prohibir cualquier tipo de desalojo.
“Hubo varios intentos de incumplir la ley, como querer firmar contratos ahora cuando en realidad están todos prorrogados, cobrar aumentos no pactados, o querer desalojar a las personas, cuando está claro que no tienen a dónde ir. Sugerimos hacer la denuncia correspondientes» señaló Roberto Díaz.
Por otro lado, la misma encuesta señaló que las inmobiliarias se encuentran en la informalidad absoluta, ya que el 58,66% no entregaron el CBU de sus cuentas a los inquilinos de sus propiedades para que puedan hacer la transferencia de pago. Esta esta medida contenida en el decreto, fue pensada por la imposibilidad de asistir a los locales inmobiliarios por la cuarentena, por lo cual los inquilinos no están en obligación de pagar bajo la modalidad presencial.
Sobre la situación económica y laboral durante la pandemia, un 38,53% de los rionegrinos respondieron que tienen un integrante de su familia que perdió su fuente de empleo a causa de la imposibilidad de trabajar y que casi la mitad de los inquilinos no pudo pagar el alquiler durante el mes de abril. Esto va de la mano con que el 58,66%, contó con menos ingresos que en marzo.
“El 46,66 % no pudo pagar el alquiler el mes de abril, es decir ya estamos por encima de la media nacional, y estamos convencidos que sin temporada turística, con la economía paralizada, esos números van a crecer de mayo en adelante”, añadió.
El decreto debe ser garantizado por los organismos municipales, provinciales y nacionales, porque son una carga pública afirmó Díaz, por lo que se recomienda a los inquilinos que atraviesen algunas de las situaciones mencionadas, que hagan la denuncia correspondiente a la inspección de su municipio, para que multen a las inmobiliarias que violan el decreto. Además ante un intento de desalojo, la policía debe velar por la permanencia en el hogar de los inquilinos.