Organizaciones de derechos humanos convocan a una movilización por Santiago Maldonado, a cumplirse dos años de su desaparición forzada, también se cumplen 20 meses del asesinato de Rafeal Nahuel. Será El jueves 1ero de Agosto a las 17 en la esquina Avenida Roca y Tucumán de la ciudad de Roca, en consonancia con la convocatoria nacional. El Observatorio de Derechos Humanos a través de María Inez Lua Hernandez invita a las organizaciones sociales, políticas y a toda la comunidad en general a participar masivamente.
Escucha la entrevista a Lua Hernandez, miembra del Observatorio de Derechos Humanos:
A dos años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la causa permanece cerrada
Se cumplirán dos años ya de la represión el 1ero de Agosto del 2017 de Gendarmeria Nacional en la Pu Lof Cushamen, territorio mapuche recuperado, en donde el joven artesano participaba en solidaridad con el pueblo mapuche en una protesta pidiendo por la liberación de dirigentes mapuches, entre ellos Jones Huala.
Luego de aquella represión, Santiago desapareció y una pregunta comenzó a ganar espacio barriendo fronteras sociales y movilizando a gran parte del pueblo, mediante la pregunta ¿Dónde está Santiago Maldonado? Luego de operaciones mediáticas y un discurso criminalizador del Gobierno Nacional hacia el reclamo del pueblo mapuche, en complicidad con los medios hegemónicos de comunicación basado en conjeturas inverosímiles, el cuerpo del joven fue encontrado finalmente sin vida el 17 de Octubre , muy cercano al área donde se lo vio por última vez en las aguas del Rio Chubut.
Su muerte conmovió a gran parte de la sociedad y del mundo y mostró la cara más cruel de una política represiva con el Pueblo Mapuche, desató los nudos de la abultada concentración de tierras en la Patagonia Argentina por parte de grandes magnates extranjeros, como lo son los Joe Lewis y Benetton, herederos de un sistema de entrega que predomina desde la llamada Conquista de Desierto en nuestro país.
En la actualidad y vergonzosamente la causa está cerrada. El juez federal de la ciudad de Esquel, Gustavo Lleral, dio por cerrado el habeas corpus presentado por Santiago Maldonado y concluyó que no hubo desaparición forzada. Asimismo sobreseyó al gendarme Echazú.
En aquella oportunidad se presentaron los resultados de la autopsia el 24 de Noviembre del 2017. La familia del joven y su defensa marca tres pruebas que el juez nunca tomó antes de cerrar la causa: el perfecto estado de los billetes, la “crioconservación” y el análisis de un perito que describió una “muerte violenta”. Sin embargo el juez federal confirmo su postura, “Los hechos que se presentaron en el presente caso no constituyen delito. Nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado. Nadie resultó señalado por la prueba que se colectó como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte”.
El fallo del juez federal chubutense tiene más de 230 fojas y se conoció ayer jueves. La familia Maldonado había rechazado versiones sobre la pericia al documento de Santiago que había sido encontrado junto al cuerpo en el Río Chubut.
La causa fue cerrada, la impunidad ganó terreno, sin embargo la presión de los organismos de derechos humanos, para que el poder represivo no gane la partida, sigue firme.
Rafeal Nahuel, una víctima de la represión a su pueblo
Rafael Nahuel murió por un disparo en la espalda, el 25 de noviembre de 2017 en el marco de una reivindicación territorial del pueblo mapuche, en tierras en Villa Mascardi, en cercanías de San Carlos de Bariloche. Las operaciones de la prensa alineadas con el discurso único del Gobierno Nacional fueron similares a las inconsistencias y falta de verdad testimonial y pruebas del caso Maldonado.
En mayo de este año, la Cámara Federal de Roca ordenó detener al prefecto que le disparo a Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado en una represión del grupo Albatros en el territorio recuperado de Villa Mascardi, en Noviembre del 2017. Además denunció que el Poder Ejecutivo nacional condicionó la pesquisa delineando un libreto para los protagonistas
La Cámara Federal de Roca había rechazado la apelación del abogado del prefecto que le disparo a Rafael Nahuel, Sin embargo la falta de optimismo en la detención del prefecto Pintos que tenía la familia, que recibe amenazas constantes, lamentablemente se cumplió.
Resulta que la misma Cámara Federal de General Roca que ordenó la detención del cabo Francisco Javier Pintos, procesado por «homicidio agravado, cometido en exceso de legítima defensa» del joven Rafael Nahuel no espero dos meses para ordenar su liberación.
Quien ordenó la liberación del cabo perteneciente al grupo Albatros fue el Juez Federal de Bariloche, Leónidas Moldes. Según este juez «una nueva pericia de Gendarmería propiciaría otro vuelco en el caso, una vez más a favor del cabo y contra los mapuches. En esta línea, los jueces de General Roca estarían adecuandosé a lo que pudiera suceder en el juicio oral, de altísimo interés para el gobierno nacional.
Un punto importante, la defensa del cabo Pintos la ejerce Marcelo Hugo Rochetti, ex funcionario del ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que conduce María Eugenia Vidal.
Uno de los camaristas de Roca, Mariano Lozano, confirmo al medio Pagina 12 que “la prueba colectada fue suficiente para sostener el procesamiento de Pintos en los términos que describí, no parece del todo desechable la chance que tiene de que en el juicio que se le avecina su defensa sea receptada, si no para obtener su absolución tal vez sí para un cambio de calificación que lo lleve a tener que afrontar una condena de menor entidad; circunstancia que, a su vez, es un acicate para que prefiera mantenerse a derecho, antes que profugarse, ínterin se arriba a esa etapa”.
La complicidad del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad coordinado por Patricia Bulrrich, las Fuerzas de Seguridad, sectores del Poder Judicial y los Medios hegemónicos de comunicación impacta directamente en un una trama de poder que pone constantemente en peligro los derechos humanos para las mayorías populares.
Dos muertes, dos jóvenes, el proyecto de concentración de riqueza de los grupos económicos en nuestro país no cierra sin represión, la padecen las mayorías marginadas y los casos Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son la muestra clara de estas consecuencias nefastas.