Franco Bartolacci, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesan las universidades públicas, con un desfasaje del 100% entre los fondos recibidos y la inflación desde noviembre de 2023. La precarización alcanza al sistema científico y al salario docente, donde un cargo inicial apenas ronda los $150.000 a $200.000 mensuales. En el último año, el sistema universitario registró un 5% de renuncias, reflejo del deterioro estructural.
Frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional, se presentó en el Congreso un proyecto de ley de financiamiento universitario, que busca resolver el problema sin comprometer fiscalmente al Estado. Para lograr su tratamiento, se convoca a una movilización federal el 26 de junio y a una campaña de firmas que acompañe el pedido de sesión especial prevista para el 2 de julio.
Aunque se teme un nuevo veto presidencial, como ocurrió el año pasado, Bartolacci insiste en que la presión social puede marcar la diferencia. “Defender la universidad pública es defender la posibilidad de que una familia vea a su hijo recibirse”, afirmó, subrayando que existe un consenso social amplio que reconoce el rol histórico de la universidad pública en el desarrollo nacional.