En medio de un contexto de creciente crisis económica y social, los debates legislativos en torno a la Ley de Reiterancia y la baja de la edad de imputabilidad generan fuertes controversias en Río Negro y a nivel nacional. Mientras el gobierno de Alberto Weretilneck impulsa estas medidas como respuestas a la “inseguridad”, especialistas advierten sobre su ineficacia y su verdadero objetivo: disciplinar a los sectores populares y reforzar discursos punitivistas.
La Ley de Reiterancia: un traje a medida del control social
La Ley de Reiterancia, ya aplicada en otras provincias como Mendoza, permite que personas con causas penales activas, aunque sin condenas firmes, sean privadas de su libertad. Según Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados, “esta ley rompe con la presunción de inocencia y profundiza lo que llamamos ‘derecho penal del enemigo’: crear un enemigo social —el pobre, el joven de barrios vulnerables, los pueblos originarios— y aplicarle un sistema de justicia sin garantías”.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos, Ana Calafat advirtió que estas normas contradicen los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Se persiguen personas, no conductas, lo que vulnera derechos fundamentales. Además, está demostrado que este tipo de medidas no bajan los índices de delito. Solo alimentan discursos de mano dura”.
La baja de la edad de imputabilidad: ¿qué dice la evidencia?
Mientras tanto, el Congreso avanza en el tratamiento de la baja en la edad de imputabilidad a 14 años, un proyecto que ya cuenta con dictamen favorable. Calafat fue categórica: “Argentina es uno de los países con menor tasa de criminalidad adolescente en América. Sin embargo, se pretende seguir modelos de países como Estados Unidos, donde la criminalidad juvenil es mucho mayor. ¿Por qué tomar como ejemplo lo que no funciona?”.
Desde la Gremial de Abogados, Suárez coincide en que la baja de edad no busca resolver los problemas de fondo, sino disciplinar y castigar la pobreza. “Es parte de un paquete de medidas que pretende instalar un clima de represión, no de soluciones reales”.
Ambos especialistas coinciden en que la verdadera prevención del delito no se logra con más cárceles ni con la criminalización de la infancia. “La solución está en fortalecer la educación, los espacios culturales y las políticas sociales. Pero el Estado ha elegido desfinanciar todo eso”, remarcó Calafat.
Mientras las legislaturas avanzan en estos proyectos, la pregunta sigue en pie: ¿queremos una sociedad más segura o más justa? Las respuestas, parece, no llegarán desde los despachos oficiales.
Escuchá a Eduardo Soares
y a la profesora Ana Calafat