En Chubut siguen los cortes de ruta y las movilizaciones en cada punto de la provincia por el ajuste de los salarios estatales, que se vienen pagando de manera atrasada y escalonadamente. Desde hace un año la planta estatal viene pagando las consecuencias de la mala administración provincial y la adhesión al Pacto Fiscal en 2018, un presupuesto acordado por el centralismo porteño y el FMI. La reciente devaluación afectó la caja de las provincias y esto agudiza aún más el conflicto salarial. El gobierno todavía no paga los haberes de julio a mas del 70% de la planta estatal, mientras tanto los gremios estatales siguen con medidas de lucha. La semana pasada el ajuste llegó con represión a los docentes.
En el sur del país, la agenda de la crisis no es tapa de los grandes medios
En Chubut de julio a 2017 a 2018 estuvo congelado el salario docente, en el medio, la pérdida del poder adquisitivo por el impacto inflacionario y de las tarifas. En marzo de este año estatales pidieron una recomposición del salario del 30% y cobraron en abril escalonadamente. En la actualidad las paritarias no han sido respetadas y la situación de la obra social es compleja, hace un mes que han perdido las prestaciones. A la falta de financiación, el gobierno propone como alternativa la Megamineria, pero el pueblo chubutense ya dijo que No en un plebiscito en 2003.
El fin de semana reciente, con movilizaciones en toda la provincia, el gobierno del reciente electo el 9 de junio, Mariano Arcioni cumplió con el pago atrasado de julio de sólo el 23% de la masa salarial estatal y jubilados que cobran menos de $ 40 mil.
Este viernes 23 deberá depositar el pago atrasado de julio de los sueldos a los empleados públicos que perciben entre $ 40.001 y $ 65.000. En total se necesita $1.700 millones que el gobierno ya dijo no tener, pero que están buscando las variantes de financiación, en medio de la crisis financiera del país por la devaluación que pone en jaque aún más la caja de las provincias en términos de coparticipación.
Tensión permanente
El sábado alrededor de 5000 personas se movilizaron en Comodoro Rivadavía, fue imponente. Ese mismo día las primeras horas de la mañana, la Policía Federal reprimió a docentes que cortaban la ruta en la localidad de Sarmiento y detuvieron al secretario general de la regional Sur de ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut), Daniel Murphy y a la delegada, Magalí Stoyanoff, quienes fueron liberados horas después tras la intervención de la Justicia provincial.
El secretario general del gremio docente Santiago Goodman, (ATECH central) dio los detalles sobre lo que ocurre en la provincia:
«El mayor empleador de la provincia es el Estado con alrededor de 46.000 empleados, 14.000 pertenecen al petroleo. Si los estatales no cobramos se quiebra la economía social y eso es lo que está ocurriendo. A todo esto nos quieren imponer la megamineria como alternativa a la salida de la crisis»
Santiago Goodman – ATECH central
Ante esta situación, la solidaridad de los gremios que no pertenecen al Estado fue inmediata, petroleros bloquearon pozos. Hoy martes, el gobierno de Arcioni y la Mesa de Unidad Sindical fueron citados por la Justicia a una audiencia de mediación con el fin de evitar que se sigan recrudeciendo los enfrentamientos en las rutas.
El impacto de devaluación agrava la crisis
Luego de los convulsionados hechos del fin de semana, el gobierno provincial dice buscar las variables que le permitan pagar el resto del salario adeudado.
«Yo no estoy dispuesto a tomar un endeudamiento a corto plazo a tasas superiores al 70%, porque eso es aumentar la deuda y así no saldremos adelante», sostuvo el gobernador Arcioni, en este difícil e indignante contexto, donde deben depositar $1.700 millones para costear el pago de más del 70% de la planta estatal.
Desde el gobierno provincial, perteneciente al peronismo federal, ahora alineados al frente TODOS, pero que en los 3 años y medio fueron fieles servidores de las medidas neoliberales del gobierno de Macri, se quejan de la falta de herramientas financieras y de gestos del gobierno nacional ante volatilidad del mercado tras la devaluación que dificulta aún más la obtención del dinero en tiempos de recesión.
Además, fuentes cercanas sostienen que las bajas del IVA en alimentos y la suba de los mínimos imponibles en ganancias dificultan la recaudación de impuestos que en parte se distribuyen en las provincias.