El proyecto oficial apunta a una actualización cada seis meses en base a la inflación y los salarios. También se busca que la comisión a las inmobiliarias sólo sean pagada por los dueños de las propiedades. En la Argentina, siete millones de personas alquilan.
Otro de los puntos centrales del proyecto que impulsa el gobierno nacional es la extensión de los contratos a tres años y la eliminación de las multas cuando los inquilinos rescinden el contrato en forma anticipada.
Según una encuesta a nivel nacional realizada por la Asociación de Inquilinos, casi la mitad de los salarios es destinado al pago de alquileres. Si al porcentaje se le suma el pago de expensas, la cifra sube al 70 por ciento de los ingresos mensuales.
La organización solicita la aprobación de la La Ley Nacional de Alquileres, que fue aprobada por unanimidad en el Senado, pero corre riesgo de perder estado parlamentario si no es tratada antes de finalizar el año legislativo por la Cámara de Diputados. El proyecto extiende a tres años la duración mínima de los contratos y establece que los alquileres deben aumentar una vez por año a través de un índice promedio entre inflación y salario.