La normativa estipula declarar «de utilidad pública y sujeto a expropiación» tierras donde están asentadas 4.416 asentamientos urbanos y rurales. El objetivo es entregar certificados de vivienda familiar.

Los barrios deben estar registrados por el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de Integración. La Agencia de Administración de Bienes del Estado será la encargada de gestionar con los estados nacionales, provinciales y locales la transferencia de los inmuebles.
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Un Barrio Popular reúne al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).
En Roca, uno de los barrios beneficiados será Fiske Menuco, donde las tierras son propiedad del Servicio Penitenciario Nacional. La entrega de certificados de propiedad posibilitará a los residentes gestionar la instalación de servicios básicos como gas, agua y electricidad.