El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, Cristina Kirchner, por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, cargos por los que también procesó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al empresario Lázaro Báez, entre otros. La imputación había sido pedida por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en base a un informe de Vialidad Nacional que, según los abogados de la ex mandataria, contradice los argumentos del llamado a indagatorias original de los propios fiscales.
El pedido de indagatorias original hacía hincapié en que la provincia de Santa Cruz, que ocupa el 9 por ciento del territorio nacional, había recibido el 11,2 por ciento de las obras viales del país. Otro de los argumentos utilizado por los fiscales, es que el gobierno de Cristina Fernandez utilizó en el gobierno nacional a funcionarios que venían de la administración de la provincia de Santa Cruz.
La ex presidenta Cristina Fernández quedó procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una «asociación ilicita» que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Baéz.
Los argumentos del procesamiento
En una resolución de 794 carillas, el juez federal Julián Ercolini consideró que los nombrados integraron «una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015».
Para el magistrado «se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original».