El ministro de Energía, Juan José Aranguren, el de Interior, Rogelio Frigerio, y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, serán los encargados de hacer el anuncio. «Este es un nuevo esquema» y no una modificación de la actualización tarifaria que fue rechazada por la Justicia, dijo Frigerio la semana pasada en declaraciones a la prensa, para dejar en claro que se trata de un nuevo esquema, el cual contempla la tarifa social para 12 millones de argentinos, pero incrementos para el resto de la sociedad.
Si bien hace dos semanas se habló de un tope de aumento del 300% para las tarifas residenciales y reajustes semestrales, esto no fue confirmado por las fuentes. Hasta la suspensión de la aplicación de la tarifas, el tope del aumento era de 400% para los consumos residenciales, y del 500% para los comercios y pequeñas empresas.
Las fuentes consultadas por Télam se limitaron a señalar que la propuesta «tiene un amplio consenso» con técnicos que asesoraron a los distintos candidatos, refiriéndose así al Consejo de Asesores que trabajó junto a Aranguren para una nueva propuesta. La Corte Suprema de Justicia es el que declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 de fines de marzo que fijaba los incrementos al servicio en todo el país y reclamó al Gobierno que llame a Audiencias Públicas, que no son vinculantes, para definir el nuevo esquema tarifario.
Las entidades que representan a los sectores de la producción y el comercio presentaron desde la semana pasada nuevos recursos de amparo ante la justicia federal en procura de ser contemplados en la nulidad de los aumentos tarifarios, al tiempo que reclamaron que el tema se incorpore al debate de la audiencia pública. En tanto la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina ratificó que sus integrantes participarán «masivamente» de la audiencia pública del 16 de septiembre.