El abogado Pablo Luis Manili, representante legal del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), explicó en Antena Libre el estado de las acciones judiciales iniciadas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y diferenció los dos procesos que actualmente tramitan ante la Justicia.
Por un lado, se encuentra la medida cautelar vinculada con los artículos referidos a salarios y becas. Manili recordó que fue concedida en diciembre, confirmada posteriormente por la Cámara y luego por la Corte Suprema. Tras nuevos plazos otorgados al Ejecutivo, sostuvo que la instancia recursiva está agotada: “En la cautelar ya está todo agotado: hay que pagar”.
El abogado anticipó que, una vez vencido el último plazo y conocido el contenido de la presentación realizada por el Gobierno, solicitarán que comiencen a aplicarse multas diarias por cada jornada de incumplimiento.
El segundo camino judicial corresponde a la cuestión de fondo: determinar si el Poder Ejecutivo podía suspender mediante un decreto una ley sancionada por el Congreso. En ese expediente, Manili informó que obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, aunque todavía resta la posibilidad de apelaciones ante la Cámara y, eventualmente, la Corte Suprema.
Otro punto de la entrevista fue el reclamo por los retroactivos salariales. Manili explicó que el amparo promovido por las universidades busca el cumplimiento de la ley, pero no contempla los créditos individuales acumulados por cada trabajador. Por eso recomendó que docentes y no docentes evalúen iniciar acciones judiciales particulares para reclamar esas diferencias.
Finalmente, sostuvo que el conflicto excede una demanda sectorial. “Estamos defendiendo un valor constitucional, que es la educación pública”, afirmó.