Nicolás Suárez Colman, abogado de los ocupantes de House Vial, en comunicación con “Entre Bardas” se refirió a la intimación de la jueza interviniente en la causa Margarita Carrasco hacia los ocupantes de las viviendas. Al respecto manifestó que a pesar de la confidencialidad firmada “En medio de ese proceso en que IPPV había retomado el diálogo, la jueza decide avanzar aumentando las multas para quienes se encuentren ocupando las viviendas. Lo curioso de esto es que en realidad el instituto de la provincia es netamente civil el que jamás por lo menos yo había visto en mi vida profesional, que se utilice dentro del ámbito penal, que aún así fue utilizado por vías recursivas y fue confirmado por la cámara. Lamentablemente nos preocupa esta situación de que en medio de un proceso de diálogo el juzgado decide avanzar con algunas cuestiones en la causa”.
En relación a la cantidad de personas afectadas en la causa, el abogado manifestó que “Están divididas en dos grandes grupos: una con dieciséis procesados, y la otra son todo el resto de los vecinos que están imputados. Estamos hablando más o menos de ciento veinte personas. Es una causa bastante importante en la cantidad de imputados o procesados y la verdad que la tarea se vuelve un poco ardua pero el juzgado tampoco colabora con respecto al avance de la causa dentro de un proceso de diálogo que vendría bien para resolver un conflicto que tiene un montón de raíces que vienen desde la política y deberían ser resueltos por esos mismos organismos”.