El abogado constitucionalista Pablo Manili, representante del Consejo Interuniversitario Nacional y de 56 universidades públicas del país, sostuvo que la estrategia judicial por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario atraviesa una nueva etapa. En diálogo con Antena Libre, explicó que el amparo presentado en octubre ya obtuvo una medida cautelar favorable en diciembre, luego ratificada por la Cámara, para que el Gobierno actualice salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles y partidas vinculadas a la ley. Sin embargo, señaló que el Ejecutivo no cumplió esa orden y buscó demorar el proceso con apelaciones y recusaciones.
Manili indicó que ahora solicitaron que se intime por cuarta vez al Gobierno nacional a cumplir la norma, con apercibimiento de remitir las actuaciones a la justicia penal por posible desobediencia judicial. También rechazó el argumento oficial sobre la falta de previsión presupuestaria y remarcó que la ley no crea partidas nuevas, sino que actualiza montos ya existentes frente al fuerte deterioro inflacionario.