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Hablamos con Nahuel Capobianco, referente de la Unión de Inquilinos en Río Negro, acerca de la situación actual de la Ley de alquileres, la falta de reglamentación y su posible modificación luego de las elecciones PASO.
Capobianco explica que la falta de alquileres en la actualidad es producto de una serie de factores que atraviesan a nuestro país, como por ejemplo la inflación anual de más del 100% y que incluye variables estructurales o macroeconómicas que exceden a la Ley de alquileres y que afectan a cerca de los 9 millones de personas que alquilan en la Argentina.
Una situación inflacionaria con un libre piso de alquileres para el inicio de contrato, declara Capobianco, implica que un alquiler se lleve entre un 65 y un 70% del sueldo que genera como consecuencia, y en la mayoría de los casos, no llegar a fin de mes, no tener capacidad de ahorro y pensar en el sueño de la casa propia como algo cada vez más imposible de concretar.
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Con las nuevas modificaciones que aprobó la Cámara de Diputados en la última semana respecto a quienes accedieron a los créditos hipotecarios UVA, la situación no es esperanzadora. Los cambios implican que se suspendan los juicios de desalojo para las viviendas adquiridas mediante este tipo de crédito y que el monto a abonar no supere el 30% de los ingresos de sus propietarixs, un hecho que sigue haciendo foco en quienes cuentan con un inmueble y no en quienes aún no pueden acceder a una casa propia.
«Hay que hacer valer la ley, reglamentarla por completo. Hay artículos que no se reglamentaron. No apareció ninguna oficina de regulación todavía. Hay un montón de factores y grises que tiene la ley», afirma Capobianco.
Actualmente hay dos proyectos para modificar la ley. El oficialismo quiere una modificación con alivios fiscales para incentivar que haya mas alquileres; el de la oposición quiere reducir la renovación cada 2 años (lo que incluye gastos administrativos, depósitos, comisiones inmobiliarias, entre otros) y una libre negociación entre las partes con incrementos que van de 3 a 6 meses. «¿Quién regula esto? Nadie», sentencia el referente.
Tener tres años de contrato es “una tranquilidad para las personas pero en la práctica no se está dando porque hay muchos pedidos de desalojo y no se hace cumplir”.
«Las comisiones las tiene que pagar el propietario que es quien contrata el servicio inmobiliario, hoy la pagan ambas partes. Respecto a los pagos habría que consultar con la AFIP quien controla esto porque es una evasión muy grande» indica el referente de lxs inquilinxs respecto a que muchas inmobiliarias sólo aceptan efectivo y no transferencias bancarias, y en muchos casos, no presentan una boleta o comprobante de pago.
Desde la Unión de inquilinxs hay un modelo de carta documento para poner en conocimiento al propietarix que se encuentra por fuera de la ley. Con esta medida, unx ya deja notificado y ese antecedente sirve para futuras medidas sobre los contratos. Podés pedirlo acá o conectarte con la UnIR.
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