En comunicación con Daniel Pintos, periodista de la Radio Universidad de Jujuy, conocemos la situación que se vive desde el 20 de junio en la provincia, desde el panorama político, gremial y jurídico.
El gobierno de la provincia de Jujuy en conferencia de prensa, redobló la apuesta en contra de lxs jujeños, con multas y penas vinculadas a las protestas sociales y salariales en contra de la reforma constitucional llevada a cabo por Gerardo Morales.
16 son las municipalidades y comisiones municipales que han sesionado a través de sus Consejos Deliberantes y han emitido minutas de declaraciones en contra de la reforma, la cual está vigente desde el 20 de junio.
En concordancia con esto, los reclamos siguen presentes y actualmente se llevan a cabo, manifestaciones, marchas y 14 cortes de puente, en los cuales participan claustros docentes y pueblos originarios. Hay previsto un gran cacerolazo y hace 48 hs se llevó a cabo la marcha más importante en contra de la reforma, apoyado también por el paro docente. El mismo continuará si los días de huelga se les descuentan del salario, como el gobierno ha prometido.
El fiscal de Estado anunció que se impondrán penas de hasta 20 años a aquellas personas que protesten; el gobierno va a considerar las mismas como delito de sedición y podrán accionar legalmente. El Juzgado Contravencional ha emitido 25 sentencias a personas que han cortado rutas o protestado en municipalidades, aplicándoles multas que van desde los 40 mil hasta 2 millones de pesos.
El gobierno de Jujuy ha denunciado ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) los «excesos en el derecho de protesta» del pueblo jujeño que provocan cortes de ruta nacionales y provinciales, califica a las acciones como ilegitimas y pide la intervención de la Asamblea, la cual ha repudiado el pedido.
Daniel denuncia varios casos de empresas privadas vinculadas a la construcción que han dado traslado a la policía en el momento de la represión, las cuales han ganado varias licitaciones «casualmente». En este contexto la justicia quiere crear una comisión extraordinaria para investigar los hechos violentos del 20, sin embargo no pide presentación judicial a esas empresas del sector privado, sino a los manifestantes. Tampoco hay pronunciamiento respecto a esto por la oposición del peronismo.
«La gente pide justicia y la gente pide que sea de ambos lados, no hay equidad si solo se investiga una sola parte»
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