Orlando Carriqueo werken de la Coordinadora del Parlamento del pueblo Mapuche, en contacto con Antena Libre comentó sobre el comunicado de prensa que han dado a conocer en las últimas horas, en donde se manifiesta la resistencia de la comunidad a los desalojos. También allí se realiza una crítica al accionar de la justicia en la provincia de Río Negro y a nivel Nacional.
“Si el estado no devuelve tierras, ningún espacio de negociación va a funcionar»
Asimismo se realiza el repudio a la política racista que se está viviendo en la sociedad rionegrina. Señaló que eso es una problemática institucional grave y que frente a eso no queda otra que resistir cualquier medida judicial que intente desalojar a las comunidades mapuches.
También hizo énfasis en la violencia institucional que se está viviendo, y a la necesidad de poner el ojo allí, “nos dicen que los violentos somos nosotros, pero nosotros tenemos derecho a defendernos y a resistir los desalojos”.
Además denunció que el gobierno de la provincia de Río Negro desconoce los derechos indígenas y que está siempre del lado de los intereses empresariales y extranjeros. “Para nosotros hacer una mesa de diálogo para tener que irnos de nuestro territorio no tiene ningún sentido. Queremos que la violencia estatal no siga existiendo”.
COMUNICADO COMPLETO:
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En el sur, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Rio Negro realizo un llamado de urgencia a desconocer fallos judicial y resistir los intentos de desalojos. “En un hecho de gravedad institucional inusitada la Justicia rionegrina pretende desalojar comunidades en plena vigencia de la Ley Emergencia Comunitaria Indigena (26160), que expresamente suspende cualquier sentencia de desalojo”, denuncia en el comunicado la Coordinadora Mapuche. En un hecho inedito, en cinco dias distintos jueces (Natalia Costanzo, Diego de Vergilio y Sergio Pichetto-Marcos Burgos) ordenaron el desalojo de las comunidades Pino Quine (costa del rio Colorado), Newen Kurruf (Catriel) y Buenuleo (Bariloche). La organizacion mapuche pidio formalmente una reunion al Superior Tribunal de Justicia para “saber si el derecho indigena tiene vigencia” en Rio Negro o si el Poder Judicial local ha decidido dejar de lado las leyes nacionales y tratados internacionales.