El gremio que agrupa a parte de los estatales rionegrinos se presentó este lunes como querellante en la causa que se investiga una supuesta estafa de cinco farmacias contra la obra social IPROSS.
«Tienen que ir presos» afirmó Rodolfo Aguiar, titular del gremio que afirmó que, aparte de los farmacéuticos hay funcionarios también incluidos en esta maniobra que podría representar casi 100 millones de pesos para el estado.
| ATE Río Negro se presentó en los Tribunales de Roca y solicitó ante el fiscal Gastón Britos Rubiolo que se tenga al sindicato como querellante en la causa que investiga la multimillonaria estafa al IPROSS, estimada en 100 millones de pesos. |
Rodolfo Aguiar, en calidad de secretario general de ATE, y Ailén Roca, como asesora legal, fundamentarán el pedido en el nuevo Código Procesal Penal, cuyo artículo 55 habilita a las organizaciones que posean un interés legítimo en alguna causa a constituirse en querellantes.
ATE explica que es víctima, asimismo, como integrante de la Administración Pública en el Consejo de la Función Pública, en su Comisión General Técnica Ejecutiva, en el Directorio del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y, desde mayo, en el Consejo de Administración del IPROSS.
Días atrás se confirmó la compra de una determinada cantidad de remedios, siempre menor a la facturada a la obra social del Estado, por lo que sanaliza también la actuación de funcionarios públicos.
En el legajo número MPF-RO-02833-2019, caratulado “Yop Marcelo Miguel C/ NN S/ Defraudación a la Administración”, están imputados, por ahora, los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea y Marianela Guidi; la ex propietaria de una farmacia Marcela Gil; la esposa de Caffaratti, Cecilia Balladini; y la exauditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano.