El pedido fue realizado por el Consejo de Entidades de Salud, es la entidad que agrupa y representa a los establecimientos de salud – clínicas y sanatorios, centros de diagnóstico médico, laboratorios de análisis clínicos, instituciones psiquiátricas y establecimientos geriátricos-, que brindan servicios en sus distintas especialidades a las Obras Sociales Nacionales, Sindicales, Provinciales, PAMI y Empresas de Medicina Prepaga.
La Entidad expreso «su grave preocupación ante el continuo aumento de los costos – insumos médicos, no médicos y salariales – que han crecido incesantemente (impacto inflacionario e inestabilidad cambiaria que afectan directamente a los costos operativos e inversiones del sector) agravando la situación de desfasaje entre los gastos y los recursos».
Según la Cámara «a la presión de los costos se suma la carga impositiva, trayendo como consecuencia una grave desfinanciación del sector que hoy se puede definir como límite. Los impuestos que gravan el sector son similares a los de cualquier otra actividad que no se dedica a prestar un servicio público esencial, con el agravante que para las empresas de salud existe un sobrecosto adicional por el “IVA no computable”.
CONAES afirmó que que el sector prestacional que representa «no es formador de precios ni intermediario, y genera 700.000 puestos de trabajo directa o indirectamente, siendo defensor del modelo solidario de salud y brindando cobertura a más de la mitad de la población del país».