Casi 21 millones de personas mantienen deudas con bancos o billeteras virtuales en la Argentina y cerca de seis millones acumulan atrasos superiores a los 90 días. El deterioro de los ingresos, el uso del crédito para afrontar gastos cotidianos y la expansión de préstamos digitales con tasas elevadas conforman un escenario que amenaza con afectar la cadena de pagos.
Juan Pablo Enríquez, contador público, docente universitario, analista e investigador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analizó en diálogo con Antena Libre los principales resultados del informe sobre endeudamiento y mora en las familias.
El especialista explicó que el problema no radica únicamente en la cantidad de personas endeudadas. La señal más preocupante es el crecimiento de quienes ya no pueden cumplir regularmente con sus compromisos.
En junio de 2026 se registraron 20,96 millones de deudores en bancos y proveedores no financieros de crédito. Dentro de ese universo, 5,91 millones se encontraban en situación irregular, es decir, con atrasos superiores a los 90 días.
“Estamos hablando de un problema de ingresos”, resumió Enríquez. Según explicó, muchas familias recurren al financiamiento porque sus salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica, los servicios o necesidades urgentes. El crédito dejó de utilizarse solamente para comprar bienes durables y comenzó a funcionar como una herramienta para llegar a fin de mes.
El informe relaciona este crecimiento en los plazos de mora con la pérdida del poder adquisitivo. Desde noviembre de 2023, el salario real de los trabajadores registrados cayó un 8,7% de acuerdo con la medición oficial. La reducción llegaría al 18,7% al calcular la inflación mediante una canasta de consumo actualizada.
Enríquez cuestionó las explicaciones que atribuyen la situación al desconocimiento financiero o a supuestos consumos irresponsables. El pago mensual de las deudas ya representa el 24,1% de la masa salarial de las familias y cerca del 80% de esa carga corresponde a préstamos personales y tarjetas de crédito.
El endeudamiento, por lo tanto, aparece asociado a una insuficiencia estructural de ingresos. Una familia pide dinero para cubrir un gasto urgente, pero al mes siguiente debe afrontar la primera cuota sin que su salario haya mejorado. En muchos casos, esa situación conduce a refinanciar la deuda, utilizar otra tarjeta o solicitar un nuevo préstamo.
El desplazamiento hacia las billeteras virtuales
El deterioro resulta todavía más pronunciado entre los proveedores no financieros de crédito, categoría que incluye billeteras virtuales, empresas tecnológicas y firmas que otorgan préstamos para financiar consumos.
La morosidad en este sector pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1 por ciento en junio de 2026. El indicador incluso superó el máximo registrado durante la pandemia, cuando había alcanzado el 27,1%.
Al considerar conjuntamente bancos y billeteras virtuales, la mora de las familias ronda el 15,5%. De los casi seis millones de deudores irregulares, 2,90 millones tienen problemas exclusivamente con proveedores no financieros; 1,66 millones mantienen deudas morosas solamente con bancos y 1,36 millones registran incumplimientos en ambos sistemas.
Entre febrero de 2024 y junio de 2026 se incorporaron aproximadamente 2,6 millones de nuevos deudores morosos. Al mismo tiempo, los bancos redujeron su cantidad de clientes, mientras que las plataformas digitales ampliaron su participación.
Enríquez señaló que las billeteras suelen prestar a personas que no pueden demostrar ingresos estables, no poseen respaldo patrimonial o directamente quedaron fuera del sistema bancario. Para cubrir ese mayor riesgo, cobran tasas de interés más elevadas.
Esto genera lo que el informe define como una “precarización del endeudamiento”: cuando una persona deja de obtener financiamiento bancario, puede terminar recurriendo a plataformas con costos financieros mucho mayores o incluso a prestamistas informales.
Los bancos y las billeteras también comenzaron a restringir el otorgamiento de nuevos créditos. Sin embargo, esa decisión no resolvió el problema. Las deudas existentes continuaron acumulando intereses y migrando hacia las categorías de mayor riesgo e incobrabilidad.
Los jóvenes comienzan su vida adulta con deudas
Uno de los aspectos más alarmantes es la situación de las juventudes. Las personas de hasta 34 años representan el 38,7% del total de deudores morosos: casi cuatro de cada diez.
Además, el 72,6% de los jóvenes con incumplimientos tiene deudas con billeteras virtuales. Las tasas más elevadas se observan entre quienes tienen de 18 a 24 años: el 32,7% de los jóvenes de 18 y 19 años se encuentra en mora, mientras que el indicador asciende al 33,6% entre los 20 y los 24.
Enríquez advirtió que muchas de estas personas todavía no lograron ingresar al mercado laboral formal y ya comienzan su vida adulta con compromisos financieros difíciles de afrontar.
Las plataformas ofrecen préstamos de manera inmediata y con pocos requisitos. Esa facilidad puede convertirse en una trampa para quienes poseen ingresos informales, inestables o inexistentes.
El entrevistado también planteó la necesidad de observar la relación entre estos créditos, los consumos digitales y las apuestas en línea. En algunos casos, señaló, los préstamos pueden utilizarse para acceder a juegos o plataformas vinculadas con otra problemática social creciente: la ludopatía.
La necesidad de regulación estatal
El investigador sostuvo que no alcanza con impulsar mecanismos para reemplazar una deuda cara por otra más barata. Las iniciativas para refinanciar obligaciones pueden ofrecer un alivio, pero no solucionarán el problema mientras los ingresos continúen siendo insuficientes.
“Si una persona necesita recurrir al sistema financiero para llegar a fin de mes, cuando deba pagar la primera cuota seguirá sin alcanzar”, explicó.
Enríquez reclamó una mayor presencia estatal para regular a los proveedores de crédito, limitar las tasas abusivas y proteger a los sectores más vulnerables. También cuestionó la posición del Gobierno nacional, que considera al endeudamiento una relación entre privados.
El informe del CEPA señala que el Ejecutivo descartó implementar herramientas de asistencia y regulación, pese a que la morosidad se encuentra en sus niveles más elevados desde la crisis de 2001. También advierte que algunas billeteras aplican costos financieros totales que pueden superar ampliamente los del sistema bancario.
Para el especialista, el Estado no puede quedar al margen mientras las empresas financieras incrementan su rentabilidad mediante tasas que deterioran el patrimonio de las familias. El debate debe incluir controles sobre las condiciones de los préstamos, transparencia en los costos y mecanismos de protección para quienes reciben financiamiento sin contar con ingresos suficientes.
En junio, la deuda familiar clasificada como irrecuperable alcanzaba los 3,86 billones de pesos. Las billeteras virtuales concentraban el 64,6 por ciento de ese capital. Otros 6,73 billones se encontraban en una categoría de alto riesgo de insolvencia.
Para Enríquez, el escenario exige intervenir antes de que la problemática derive en una crisis más profunda de la cadena de pagos. El endeudamiento ya no funciona como una herramienta para mejorar el consumo futuro, sino como una respuesta desesperada frente a ingresos que no cubren las necesidades presentes.
Detrás de las cifras aparecen millones de familias que refinancian tarjetas, solicitan préstamos digitales o acumulan cuotas para sostener gastos básicos. La discusión, planteó el investigador, no puede limitarse a la responsabilidad individual de cada deudor: debe incorporar la pérdida salarial, la precariedad laboral, las tasas de interés y el papel que debe asumir el Estado frente a un mercado financiero cada vez más extendido y menos regulado.
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