El proyecto que propone agravar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género finalmente no fue incluido en la sesión prevista para este 6 de agosto. Sin embargo, su tratamiento quedó pendiente y el debate continúa vigente. En El Hilo Invisible, la socióloga Belén Álvaro y la abogada feminista Claudia Ramírez analizaron los alcances de la iniciativa, sus efectos sobre quienes denuncian y el contexto político en el que busca avanzar.
Ramírez explicó que la falsa denuncia ya se encuentra contemplada como delito en el Código Penal. La nueva propuesta no crea una figura autónoma, sino que incorpora un agravante cuando la denuncia se vincula con violencia de género, violencia familiar, delitos contra las infancias o la integridad sexual. También eleva las penas para quienes hagan públicos esos señalamientos.
Para la abogada, la iniciativa toma conceptos construidos por los feminismos y los utiliza contra las propias denunciantes. Advirtió que, en los hechos, puede instalar la idea de que una denuncia que no logra ser probada es necesariamente falsa, aunque se trate de situaciones complejas, difíciles de documentar y atravesadas por múltiples formas de violencia.
“Si no lo podés probar, podés tener una pena”, resumió Ramírez al referirse al mensaje disciplinador que podría recaer sobre las víctimas. Según sostuvo, denunciar ya implica atravesar procesos judiciales lentos, reiterar una y otra vez el relato de lo vivido y enfrentarse a instituciones que con frecuencia ponen en duda la palabra de las mujeres y diversidades.
La violencia de género no siempre deja marcas físicas inmediatas. Puede expresarse de manera económica, psicológica, simbólica o mediante el control cotidiano. Por eso, desde los feminismos se cuestiona una mirada judicial que exige pruebas rápidas y visibles para reconocer situaciones que se construyen a lo largo del tiempo.
Álvaro planteó que el proyecto forma parte de una ofensiva política más amplia contra los derechos conquistados por mujeres y diversidades. Para la socióloga, no se trata de una iniciativa aislada ni de una respuesta fundada en la cantidad de denuncias falsas, sino de una propuesta sostenida por sectores conservadores y de extrema derecha que buscan reinstalar jerarquías de género.
En ese sentido, recordó que los casos registrados representan un porcentaje mínimo. Aun así, el tema se instala de manera reiterada en medios y discursos públicos hasta construir un sentido común que presenta a las denunciantes como sospechosas y a los agresores como posibles víctimas de acusaciones injustas.
“Hay un interés que está financiado y sostenido por grupos de mucho poder económico y político”, expresó Álvaro. También vinculó este avance con otras iniciativas dirigidas a cuestionar la educación sexual integral, la identidad de género, la interrupción voluntaria del embarazo y la Ley de Salud Mental.
Para la docente, el ataque se relaciona con el impacto que tuvieron los feminismos al nombrar y politizar tareas que durante décadas permanecieron invisibilizadas. Entre ellas, los trabajos domésticos, la crianza, los cuidados y la administración cotidiana de los hogares, responsabilidades que continúan recayendo mayoritariamente sobre mujeres y cuerpos feminizados.
Ese contexto agrava las consecuencias del proyecto. Quienes sostienen hogares, atraviesan situaciones de violencia económica o dedican gran parte de su tiempo al cuidado tienen menos recursos materiales y emocionales para afrontar procesos judiciales prolongados. Si además aparece la amenaza de una acusación por falsa denuncia, el acceso a la justicia se vuelve todavía más difícil.
Durante la conversación también se destacó el carácter cotidiano de la disputa. Las participantes llamaron a no dejar pasar los comentarios que responsabilizan a las víctimas, relativizan las violencias o reproducen la idea de que las mujeres denuncian para perjudicar a los varones.
Álvaro propuso sostener estas discusiones en los espacios cercanos: reuniones familiares, escuelas, ámbitos laborales y conversaciones entre amistades. “Hablemos más del tema”, expresó, al señalar que el silencio permite que esos discursos se consoliden como explicaciones aceptables de la realidad.
Ramírez recuperó la figura de las feministas como “aguafiestas”, aquellas que interrumpen un chiste, cuestionan una práctica naturalizada o señalan una desigualdad que otras personas prefieren ignorar. Para Claudia, ese trabajo diario también resulta fundamental para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia sin reconocerse como activistas o sin contar todavía con herramientas para nombrar lo que viven.
Ambas coincidieron en que el proyecto busca aislar a las denunciantes, pero remarcaron que la respuesta feminista se construye desde el acompañamiento colectivo. “Sola nos vas a matar, pero juntas no”, sostuvo Ramírez al destacar la capacidad de las redes feministas para sostener a quienes deciden hablar.
La postergación del tratamiento fue leída como un pequeño avance de la movilización social, aunque advirtieron que la propuesta puede volver al Congreso. Frente a esa posibilidad, plantearon la necesidad de mantener la organización y seguir ampliando las conversaciones.
Finalmente, Belén señaló que los feminismos resultan difíciles de disciplinar porque no responden a una estructura única ni dependen de liderazgos centralizados. Se construyen en los vínculos, las aulas, las calles, los hogares y las experiencias compartidas. Esa diversidad, sostuvo, representa una de sus principales fortalezas frente a un poder que intenta ordenar, clasificar y controlar.
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