Ivana Vargas, presidenta de la Fundación Kano, calificó como «una nueva forma de abandono» el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La medida, según explicó, implica un retroceso en derechos adquiridos y precariza tanto a prestadores como a personas con discapacidad.
Vargas denunció recortes en obras sociales y pagos insuficientes basados en valores desactualizados, lo que pone en riesgo el funcionamiento de los servicios. Ante este panorama, se conformó una red de prestadores en General Roca que evalúa paros y medidas de fuerza.
“La política actual es cruel”, afirmó, al referirse también al ataque contra las pensiones no contributivas. Llamó a las familias y a la sociedad a unirse en defensa de los derechos: “Si no nos acompañan, volveremos a ver personas con discapacidad encerradas en sus casas, como hace 30 años”.
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