Raúl Bríguez, vecino de la zona de Lago Escondido, denunció junto a organizaciones sociales y ambientales una presunta entrega irregular de tierras que obstruye el acceso público al lago. La impugnación fue presentada ante la Dirección de Tierras por una mensura que afecta el camino público, con antecedentes de transferencia sospechosa entre familiares de la familia Puchy.
La mensura está a nombre del hijo de un funcionario de la Comisión de Fomento de El Manso, quien habría actuado como testaferro. En el terreno ya hay construcciones turísticas, y dentro de las 80 hectáreas también se explota irregularmente una cantera sin habilitación minera.
Bríguez denuncia complicidad estatal, señalando fotos del director de tierras asesorando a Puchy, mientras se niega regularización a otros pobladores. La mensura podría consolidar el cierre del acceso público al lago.
A pesar de estar judicializada y llegar a la Corte Suprema, el caso sigue sin avances. Bríguez advierte sobre la falta de controles y el acompañamiento estatal a intereses privados que buscan mantener cerrado un espacio público. La presentación busca frenar la titularización del terreno y garantizar el libre acceso a Lago Escondido.