Nos comunicamos con Lidia Campos, integrante de la Asamblea por el agua de Allen, quien nos comenta el panorama actual de la ciudad a diez años de la sanción de la ordenanza Antifracking lograda por el pueblo y negada por la justicia.
Se cumplen 10 años desde que el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza municipal y 11 desde que el pueblo lucha por la defensa de su territorio. A 3 meses de la sanción, durante el 2013, lxs vecinxs se enteran que el Superior Tribunal de Justicia la declara inconstitucional. «En aquel momento estaba prohibido en el área de tierras productivas una actividad industrial y se empezó a hacer fracking igual», explica la integrante de la Asamblea.
La extracción de petróleo y gas no convencional comenzó con la empresa Apache, sin audiencia pública, libre e informada y sin presentar un informe de impacto ambiental, «no se cumplió con la ley», afirma Campos.
En ese tiempo, recuerda la entrevistada, la empresa visitaba a los chacareros que tenían más deudas con los bancos o la AFIP. «¿Cómo no les avisaron que van a cambiar la matriz productiva de Allen?» le preguntaban lxs vecinxs a representantes de la empresa.
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