La doctora en Antropología Samanta Guiñazúes docente de la Universidad Nacional de Río Negro y directora del Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas Participativas Interculturales e interseccionales. Fue además coordinadora en la provincia del área social de relevamiento de comunidades índigenas que formaliza la ley 26.160. La ley fue recientemente prorrogada en el Senado, pero aún queda la desicion de la Cámara de Diputados. En esta nota explica por qué la ley no se aplica desde 2013 y derriba mitos que circulan en algunos medios de comunicación.
Datos de ley 26.160 de relevamiento de territorios indígenas
La Ley 26.160 fue sancionada en 2006, impulsada por Alicia Kirchner, quien se desempeñaba como senadora:
«Esta ley declara la emergencia por el término de cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por ellas, que debía realizarse en un plazo de tres años. Para tal fin, se creó un fondo de 30 millones de pesos (10 millones por cada año que se suponía iba a durar el relevamiento) a los efectos de la aplicación de la ley, y se estableció que sería el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) el responsable de todo el proceso» (fuente: La Izquierda Diario)
Para ejecutar el programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas (RETECI), el INAI debe promover la participación del Consejo de Participación Indígena (CPI), además de universidades, entidades del Estado nacional y los gobiernos provinciales, institutos indígenas y organizaciones no gubernamentales:
«Los objetivos del programa RETECI eran: formar conciencia social acerca de los alcances de la ley, relevar la organización comunitaria y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de los predios; relevar los territorios con GPS y volcarlos en un soporte SIG (Sistema Jaguar). El producto final del relevamiento era una carpeta técnica por comunidad».(fuente: La Izquierda Diario)
Las denuncias sobre la inejecución de los plazos para cumplir con la ley fueron un tema recurrente en la útima década, por ello en el año año 2009 se prorrogó la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento, fue hasta el 23 de noviembre de 2013 y se destinó un monto de 10 millones de pesos adicionales, por cada uno de los tres años posteriores a su sanción.
Sin embargo, la criminalización de los reclamos de tierras motivaron desalojos en muchas provincias, y la falta de celeridad de las instituciones públicas, y/o negación de las autoridades provinciales hicieron que el incumplimiento se acentúe. Así fue como la ley se prorrogó hasta noviembre de 2017, mediante una nueva ley, la 26.894 :
«En el año 2013, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) presenta un informe titulado “Advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160”. En el mismo da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de recursos económicos. Este trabajo cuenta con la adhesión de organizaciones indígenas y de derechos humanos».(fuente: La Izquierda Diario).
Ante la situación que viven diferentes comunidades mapuces en la Patagonia, el discurso anti índigena de sectores de la política argentina y los medios de comunicación y el mismo vencimiento de las sucesivas prorrogas, el debate sobre el relevamiento indígena retomó con mas fuerza. Recientemente, el Senado aprobó la prorroga, solicitada por muchas comunidades y organismos de derechos humanos. Aún queda la desicion en la cámara de Diputados.