Tras el violento ataque a la comunidad mapuche Buenuleo, su abogado, Matias Schraer elevó un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – (CIDH) solicitando un medidas de protección a la comunidad debido a la gravedad de los hechos. La medida que se aprobó hoy pide al Estado nacional establecer en un plazo de 20 días los mecanismos para resguardar la integridad de la comunidad, «nuestra experiencia nos dice que el Poder Judicial de Río Negro no respeta los derechos de los pueblos originarios» aclaró.
La CIDH aprobó hoy la medida cautelar presentada por el asesor legal de la comunidad, así el Estado nacional tiene la obligación en un plazo de 20 días de tomar las medidas de seguridad necesarias y consensuadas con la comunidad, para garantizar la integridad de los derechos humanos.
El abogado dijo que ahora esperan las disposiciones de la cancillería argentina, para cumplir con la medida recomendada por la organización de derechos humanos y dijo que:
«Argentina, es miembro de la OEA (Organización de Estados Americanos), no cumplir con una medida cautelar de la CIDH, que vela por los derechos humanos del continente y depende de la OEA, podría llevar sanciones, no debería estar en las posibilidades»
Actualmente, personal de seguridad de la provincia de Río Negro está realizando una guardia para resguardar la calma de las personas que integran la comunidad, pero a su vez «la comisaría 42 de Bariloche se retiró del lugar donde debía estar custodiando y gracias a ello ocurrieron los hechos de violencia» afirmó Matias Schraer.
El 29 de abril la comunidad Pu Lof Buenuleo de Furloche (Bariloche) fue atacada violentamente por un grupo que responde al empresario Emilio Friedrich, por un conflicto de tierras iniciado en septiembre del 2019. El saldo de violencia dejo a dos jóvenes de la comunidad golpeados y uno de ellos con heridas por ataque de arma blanca.
La comunidad Pu Lof Buenuleo de Furiloche (Bariloche) es habitante histórica de la llamada “Pampa de Huenuleo” e inició un porceso de recuperación territorial a partir 10 de septiembre del 2019, en contra de la compra fraudulenta de los terrenos por parte del empresario Emilio Friedrich. A pesar de ello, deben enfrentar con una acusación de usurpación y las constantes agresiones de patotas armadas para que abandonen el lugar.