Futuro incierto para el transporte urbano ante aviso de cierre de la empresa 18 de Mayo

En el día de ayer, los gerentes de la empresa de transporte público 18 de Mayo les comunicaron a sus trabajadores que el 31 de Mayo finalizaría el servicio alegando que los costos son más altos que los ingresos, por la ausencia de ausencia de subsidios y el fuerte el impacto de la pandemia en el transporte. De afirmarse esta medida, los 90 trabajadores se quedarían sin empleo.

Patricio Sandoval, delegado de los choferes, habló de las medidas que tomaran en el marco del ya agotador conflicto, «nosotros vamos a esperar que nos paguen y estamos analizando un paro» añadió.


Crisis permanente

La crisis del transporte público en Roca viene convirtiéndose en el gran tema de la agenda pública urbana local, ante ya reiteradas escaldas en el conflicto que tiene la empresa 18 de Mayo, por no poder afrontar los costos del servicios y no cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios.

El año pasado fueron los paros por las deudas de pago a sus trabajadores, las conciliaciones obligatorias y el sufrimiento de la población, sobre todo de la periferia de la ciudad, por no tener un servicio y derecho que funcione adecuadamente, a esto hay que sumarle los también reiterados y cansadores anuncios de retiro de la empresa a la próxima la licitación.

La cuestión de fondo siempre es la insolvente situación financiera de la empresa. En total son 90 fuentes laborales que siempre, de una manera u otra, están peligrando.

La licitación

La concesión a la empresa local se ha ha prorrogado en los últimos años, y si bien es la única que se viene presentando a la licitación, desde la oposición local dicen que ello también imposibilitó que otras empresas puedan presentarse a la licitación.

En diciembre del año pasado, el pliego para la licitación de transporte se aprobó con modificaciones al pliego original y a principios de abril, en una sesión extraordinaria presencial, el Concejo Deliberante aprobó la pre adjudicación de la concesión a la empresa 18 de Mayo.

Sólo faltaba que el Concejo Deliberante evalúe los costos reales de dicha empresa, que presentó un cuadro tarifario con subsidio (nacional y provincial) y sin subsidio, para ello el municipio se comprometió a crear una comisión evaluadora que definirá junto a la empresa el costo del pasaje.

Sin embargo, parece que nada de esto ocurrirá, ayer los gerentes de la empresa de transporte público 18 de Mayo, comunicaron a sus 90 trabajadores que finalizaría el servicio, debido a los altos costos provocados por el fuerte el impacto de la pandemia en el transporte, además de la acumulación de deudas y la falta de subsidios que ayuden a la empresa.

Los subsidios

En enero del 2019 el gobierno de Macri decidió, en su compromiso «achicar el gasto público y revertir el déficit fiscal», trasladar la responsabilidad del subsidio a las provincias en un 50%, el Estado sólo aporta la otra mitad, «siempre y cuando las provincias se hagan cargo de la otra mitad».

Por esta situación, en el mes de noviembre del 2019, la empresa pidió la colaboración de provincia y el municipio.

Por su parte, el municipio tiene la responsabilidad de organizar los recorridos, las frecuencias y cubrir las licitaciones y conciliaciones en caso de paros duraderos. Aunque por la situación particular en que se encuentra el servicio en la localidad, también ofrecieron en su momento un una ayuda económica al servicio que afecta a unos 10.000 usuarios al día.

Final incierto

El transporte público en las ciudades sin mucha población, como la de Roca, es un tema complejo, ya que no es rentable para las empresas, por su parte el Estado, que debe garantizar el transporte de los ciudadanos, tiene graves problemas financieros.

Las condiciones de prestación del servicio del transporte público en la ciudad, como en muchos puntos del país, ha llegado a una situación más que crítica,  sumado a ello está la falta de control y exigencias de tanto en los costos, precios finales y calidad a las prestadores de servicios en general por parte de provincias y municipios, así como leyes que defiendan al usuario en una relación Estado y mercado con marcadas deficiencias estructurales.

Esto evidencia la falta de previsibilidad económica y la poca articulación entre los poderes políticos, que ponen al transporte en una situación de crisis permanente en muchas provincias y localidades del país, que no logrará revertirse con prestamos, ni conciliaciones obligatorias coyunturales.


¿Cuando el transporte dejará de ser un tema de rentabilidad económica, para pasar a ser un verdadero derecho social garantizado?