La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche presentó una denuncia penal contra Adrián Grau, quien renunció a su banca en la Convención Constituyente municipal luego de que se conocieran publicaciones de Facebook en las que reivindicaba al dictador Jorge Rafael Videla, justificaba el terrorismo de Estado y agraviaba a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La causa continúa abierta y enfrenta dificultades para obtener información de la empresa Meta.
En diálogo con Radio Antena Libre, Rubén Marigo, integrante de la APDH Bariloche, explicó cómo se originó la denuncia, qué consecuencias políticas tuvo y por qué los organismos de derechos humanos consideran fundamental que el caso tenga también una respuesta judicial.
Las publicaciones que desencadenaron la denuncia
Adrián Grau había llegado a la Convención Constituyente de San Carlos de Bariloche como integrante de la lista que obtuvo ocho bancas y que contaba con el acompañamiento del intendente Walter Cortés y del gobernador Alberto Weretilneck.
Según relató Marigo, las publicaciones comenzaron a realizarse el 22 de marzo de 2026, en vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, pero fueron descubiertas y difundidas públicamente a mediados de octubre por un periodista de una radio local.
Entre los mensajes atribuidos a Grau aparecían expresiones de reivindicación a Videla, a quien calificaba como “el más grande entre los grandes”. En otra publicación, según reprodujo Marigo, sostenía: “Con cien tipos como Videla no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”.
Las publicaciones también incluían agravios contra las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y expresiones sobre las víctimas del terrorismo de Estado.
Una de las frases que motivó particularmente el rechazo de los organismos fue: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”.
Para Marigo, estas manifestaciones no constituyen simplemente opiniones políticas, sino que podrían encuadrarse en el delito de apología del crimen, contemplado en el artículo 213 del Código Penal.
“Estos dichos son claramente apología del delito, no solamente porque levanta la figura de Videla, un condenado genocida por delitos de lesa humanidad, sino porque además ratifica la política del terrorismo de Estado”, sostuvo.
Una denuncia colectiva y la renuncia a la Convención
La APDH presentó la denuncia ante la Fiscalía de Bariloche, acompañada por organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos.
Marigo recordó que el 23 de octubre distintos sectores, entre ellos la CTA, respaldaron formalmente la presentación. La denuncia trascendió el ámbito local y adquirió repercusión nacional.
Mientras avanzaba el reclamo, Grau asumió su banca en la Convención Constituyente, organismo encargado de reformar la Carta Orgánica Municipal, la norma fundamental que organiza institucionalmente la ciudad.
Su incorporación provocó manifestaciones de rechazo. Según relató Marigo, durante la primera jornada también se propuso conformar una comisión para investigar las publicaciones y las denuncias presentadas ante la Justicia.
Finalmente, Grau presentó su renuncia.
Para el integrante de la APDH, la decisión representó una conquista política de las organizaciones y de los sectores de la comunidad que se movilizaron para exigir explicaciones. “La verdad, una clara conquista política contra este odio manifiesto”, expresó.
Tras la renuncia, su lugar será ocupado por otra persona de la misma lista, vinculada a una junta vecinal.
Marigo también cuestionó el silencio inicial de las autoridades políticas que habían acompañado la candidatura de Grau. Señaló que, en un primer momento, desde el entorno municipal se sugirió que la cuenta podría haber sido hackeada, explicación que consideró insuficiente.
La investigación judicial y las dificultades con Meta
Aunque Grau dejó su banca, la denuncia penal continúa.
Marigo explicó que uno de los principales obstáculos para la investigación es que las publicaciones fueron eliminadas de Facebook y que la Fiscalía necesita información de Meta, empresa propietaria de esa red social, para avanzar con la verificación de los mensajes.
Según detalló, la compañía rechazó dos solicitudes de información y se realizó una tercera presentación.
“Nosotros, por supuesto, defendemos la libertad de expresión, pero estas frases que yo les he dado a ustedes exceden la libertad de expresión”, afirmó.
El abogado señaló que mantuvo una reunión con el fiscal interviniente y que esperan una nueva respuesta de la empresa.
La APDH sostiene que las expresiones denunciadas no pueden equipararse a una opinión política cualquiera, porque reivindican a una persona condenada por delitos de lesa humanidad y justifican prácticas del terrorismo de Estado.
Sin embargo, esa interpretación jurídica todavía debe ser evaluada por la Justicia. La presentación se encuentra en trámite y, al momento de la entrevista, no se habían informado cargos penales contra Grau.
Marigo manifestó su expectativa de que, una vez obtenida la información requerida, la Fiscalía pueda avanzar en la investigación.
También cuestionó que Grau no se haya presentado voluntariamente ante la Justicia para aclarar la situación, especialmente después de que circulara la versión de un supuesto hackeo.
La responsabilidad de quienes redactan la Carta Orgánica
Durante la entrevista, Marigo insistió en que la gravedad del episodio también está relacionada con la responsabilidad institucional que Grau había asumido.
La Convención Constituyente tiene la tarea de discutir y redactar las modificaciones de la Carta Orgánica Municipal, que establece los principios, derechos y mecanismos de funcionamiento del gobierno local.
“Es como la Constitución Nacional, como la Constitución provincial. Es lo que va a regir durante los próximos veinte años en San Carlos de Bariloche”, explicó.
Desde esa perspectiva, sostuvo que las organizaciones de derechos humanos tenían la responsabilidad de intervenir públicamente y exigir una respuesta.
“La promoción y la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia nos llevaba a hacer esta denuncia”, señaló.
También consideró necesario que las fuerzas políticas que incluyeron a Grau en sus listas expliquen cómo se produjo su incorporación.
A 50 años del golpe, la disputa por la memoria
La entrevista permitió ampliar la discusión hacia el contexto político nacional y los discursos que relativizan o justifican los crímenes de la última dictadura.
Marigo expresó su preocupación por lo que interpreta como una creciente legitimación de posiciones negacionistas y cuestionó las declaraciones de dirigentes nacionales sobre el terrorismo de Estado.
También mencionó las discusiones vinculadas con las condiciones de detención de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, particularmente las prisiones domiciliarias.
Para el referente de la APDH, el episodio de Bariloche demuestra la importancia de que los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales intervengan cuando aparecen manifestaciones públicas que reivindican la represión ilegal.
En ese sentido, destacó la respuesta de la comunidad y el acompañamiento de distintos espacios políticos, gremiales y sociales.
La renuncia de Grau fue interpretada por la APDH como un resultado significativo de esa movilización, pero Marigo insistió en que el reclamo no termina con su salida de la Convención.
El objetivo es que la investigación judicial avance y que el caso permita discutir los límites legales de las expresiones que justifican delitos de lesa humanidad.
A medio siglo del golpe de Estado de 1976, Marigo reafirmó la continuidad de una lucha que, según expresó, atraviesa también otras causas de derechos humanos en la región, como el pedido de justicia por Rafael Nahuel y la defensa de los pueblos originarios.
La denuncia sigue abierta. La APDH espera la respuesta de Meta y sostiene que la renuncia política no reemplaza la necesidad de esclarecer judicialmente las publicaciones atribuidas al exconvencional.
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