En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Carla Hernández, referente de Socorristas en Red, remarcó que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo significó un avance fundamental, pero que todavía persisten dificultades para acceder al derecho.
En diálogo con Antena Libre, Hernández señaló que una de las principales barreras continúa siendo la falta de información: muchas personas desconocen dónde concurrir, cómo solicitar una interrupción o qué efectores deben garantizarla. Por esa razón, las redes socorristas mantienen los acompañamientos aun después de la sanción de la Ley 27.610.
La normativa garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y establece el acceso posterior bajo las causales previstas por la ley. Hernández recordó que la atención puede solicitarse en el sistema público, obras sociales y prepagas, y que no es necesario comenzar el recorrido por una consulta ginecológica: los centros de atención primaria también deben brindar respuesta.
La integrante de Socorristas advirtió además sobre el desfinanciamiento nacional de las políticas de salud sexual y reproductiva y las dificultades que se generaron para el abastecimiento de medicamentos. En Río Negro, explicó, la provincia sostiene parte de esos tratamientos y existe desde hace años una articulación entre organizaciones feministas y el sistema sanitario.
Hernández también cuestionó la circulación de información falsa alrededor del aborto. Según indicó, la legalización no produjo un aumento significativo en la cantidad de interrupciones, sino que modificó las condiciones en las que se realizan: permitió acceder a información, medicamentos y atención sanitaria dentro de un marco legal.
A más de cinco años de la sanción de la ley, el 28 de septiembre vuelve así a poner en agenda un reclamo que excede la existencia de la norma: que el aborto legal también sea accesible, informado y seguro en cada territorio.