Este viernes 18 de septiembre se cumplen veinte años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, sobreviviente del terrorismo de Estado y testigo clave en los juicios por delitos de lesa humanidad. Dos décadas después, su hijo Rubén López sostiene la misma pregunta que atraviesa a su familia, a los organismos de derechos humanos y a buena parte de la sociedad argentina: qué pasó con Julio y quiénes fueron responsables.
En diálogo con El Hilo Invisible, tramas de resistencias, por Antena Libre, Rubén reconoció que el paso del tiempo deja una huella difícil de expresar. Para la familia, la ausencia forma parte de cada día, aunque las fechas redondas vuelven a colocarla en primer plano.
“Uno contesta siempre lo mismo, pero no porque no quiera decir otra cosa, sino porque no hubo grandes avances”, explicó. A veinte años de aquella desaparición ocurrida en democracia, la investigación continúa abierta, pero sin pruebas que permitan establecer con certeza quiénes lo secuestraron, qué hicieron con él y dónde se encuentra.
Un testimonio que incomodó a los represores
Jorge Julio López había sido secuestrado y torturado durante la última dictadura. En 2006 declaró en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz y aportó detalles fundamentales sobre el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, las torturas y las personas que participaron del circuito represivo.
Rubén recordó que su padre pudo identificar a represores que hasta entonces eran conocidos por sus apodos y que muchos de ellos continuaron viviendo en libertad durante años. Algunos fueron juzgados recientemente y otros murieron antes de llegar a juicio, lo que él denominó “impunidad biológica”.
Según relató, uno de los desprendimientos del juicio contra Etchecolatz concluyó hace pocos meses con nuevas condenas por los crímenes cometidos en la Comisaría Quinta de La Plata. El fiscal que trabaja actualmente en la investigación le confirmó a la familia que todas las personas identificadas por Julio López fueron juzgadas, salvo aquellas que murieron antes.
Para Rubén, el testimonio de su padre pudo haber resultado incómodo para quienes seguían vinculados con el aparato represivo. Entre las hipótesis que se mantienen aparece la posibilidad de que haya sido secuestrado para obligarlo a retractarse y poner en riesgo la continuidad de los primeros juicios reabiertos por delitos de lesa humanidad.
La exintegrante de los organismos de derechos humanos Nilda Eloy sostuvo esa hipótesis durante años: que López fue secuestrado para presionarlo y hacer caer su declaración. Sin embargo, Rubén remarcó que el principal problema es la falta de pruebas. “Podemos tener muchas teorías, pero no tenemos elementos que permitan demostrar qué pasó”, señaló.
De una búsqueda familiar a una desaparición forzada
Durante las primeras horas y los primeros días, la familia creyó que Julio López podía haber sufrido un problema físico o haberse desorientado. Rubén explicó que no tenían militancia ni conocimientos sobre el funcionamiento de los organismos de derechos humanos y que confiaban en que una desaparición de esas características no podía repetirse en democracia.
Con el paso del tiempo, comenzaron a comprender que la ausencia de su padre estaba directamente relacionada con su testimonio judicial. La situación también dejó en evidencia la falta de mecanismos adecuados para proteger a quienes declaraban contra represores de la dictadura.
La desaparición de López derivó posteriormente en la creación y fortalecimiento de programas de protección a testigos. Aunque esa consecuencia no repara lo ocurrido, Rubén destacó en diferentes oportunidades que permitió que otros sobrevivientes pudieran declarar en mejores condiciones de seguridad.
Aun así, la causa presenta numerosas dificultades. Durante los primeros tres años estuvo en manos de la Justicia provincial y después pasó al fuero federal. Para entonces, según explicó, el expediente ya contenía decenas de cuerpos, hipótesis mezcladas, procedimientos mal realizados y datos que terminaron ensuciando la investigación.
Rubén recordó, por ejemplo, una pista que indicaba que su padre había sido visto en la localidad bonaerense de Atalaya. Cuando se realizaron rastrillajes y una posterior reconstrucción, la familia advirtió que el procedimiento había sido desprolijo y que la hipótesis parecía construida artificialmente.
También aclaró que, aunque suele afirmarse que la Policía Bonaerense investigó su propia participación, son fiscales y jueces quienes deciden qué medidas se realizan. Las fuerzas policiales actúan como auxiliares de la Justicia. Sin embargo, reconoció que en algunos episodios la intervención policial sólo consiguió agregar confusión y obstaculizar el esclarecimiento.
Actualmente, la fiscalía trabaja en revisar y ordenar nuevamente la causa para determinar si entre todo el material acumulado existe alguna prueba que pueda conducir a una respuesta.
El pacto de silencio
Para Rubén López, uno de los principales obstáculos sigue siendo el pacto de silencio entre quienes pudieron haber participado o conocer lo ocurrido.
La Provincia de Buenos Aires aumentó la recompensa para quienes aporten información, pero hasta el momento el ofrecimiento económico no logró romper ese silencio. “No cuentan nada y se van a llevar a la tumba lo que saben”, lamentó.
La investigación seguirá abierta mientras no aparezca una prueba o una persona que brinde información concreta. La familia mantiene la esperanza de que alguien hable, ya sea por la recompensa o por una obligación moral. Sin embargo, después de veinte años, no existen datos suficientes para reconstruir el destino de López.
Rubén también señaló una contradicción que atraviesa la causa: el expediente continúa utilizando la expresión “presunta desaparición forzada”, ya que judicialmente todavía no se logró probar aquello que para la familia y los organismos de derechos humanos resulta evidente.
“La democracia no significa que integrantes de las fuerzas policiales o armadas no puedan cometer este tipo de hechos”, advirtió. Para él, alguien decidió que el testimonio de su padre representaba una amenaza y actuó para silenciarlo.
No permitir una tercera desaparición
A lo largo de estas dos décadas, la familia encontró acompañamiento en organizaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos, instituciones educativas, medios comunitarios y personas que continúan preguntando dónde está Jorge Julio López.
Rubén recuperó una frase pronunciada por una mujer en el documental Todos somos López: “No permitan que López desaparezca por tercera vez”.
Esa tercera desaparición sería el olvido. Por eso valoró especialmente que los medios sigan hablando del caso, incluso cuando no existen novedades judiciales. También destacó las marchas, las vigilias, las actividades en escuelas, las intervenciones artísticas y cada espacio en el que vuelve a contarse lo que su padre vivió durante la dictadura y lo que ocurrió con él en democracia.
“Todas esas acciones sirven para que López no desaparezca por tercera vez”, expresó.
Durante esta semana se desarrollan distintas actividades conmemorativas. En la Comisión Provincial por la Memoria se realizará un conversatorio y se exhibirán objetos personales de Julio López: la ropa que iba a utilizar el día de su desaparición, sus herramientas de trabajo y la bicicleta con la que recorría el barrio.
También habrá actividades en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, donde se encuentra una intervención con su rostro y la pregunta “¿A qué te podés acostumbrar?”. En el sitio de memoria de la Comisaría Quinta se presentará una muestra fotográfica y un documental, mientras que organismos y organizaciones políticas volverán a marchar por las calles de La Plata.
A veinte años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, la familia continúa reclamando que la investigación avance y que se rompan los pactos de silencio. La pregunta permanece abierta y sigue interpelando a la democracia argentina:
¿Dónde está Jorge Julio López?