La docente de Derecho Constitucional de la FADECS y secretaria general de la Universidad Nacional del Comahue, Micaela Gomiz, explicó que la decisión de la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a la actualización de salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles. En diálogo con Antena Libre, señaló que ya no quedan instancias de apelación y que, por lo tanto, el Ejecutivo debería acatar la medida de manera inmediata.
Gomiz repasó que la ley fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente y luego ratificada con mayoría especial por ambas cámaras. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la promulgó dejándola en suspenso, lo que derivó en la presentación judicial del CIN y en una cautelar favorable a las universidades.
También aclaró que el acuerdo salarial firmado días atrás no cancela la deuda total, ya que aún resta más de la mitad de la recomposición pendiente y, además, no incluye a las becas Progresar. En caso de incumplimiento, advirtió, podrían activarse multas diarias e incluso una investigación penal por incumplimiento de deberes de funcionario público.