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Juan Carlos Fernández, Abogado y autoridad que encabeza la gestión en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, comentó que si bien el proyecto difiere bastante de lo que el presidente difundió en la campaña, hay 4 artículos que modificarían la Ley de Educación Superior, con impacto directo en la formación universitaria como la conocemos.
En primer lugar mencionó la eliminación del Programa de ingreso para personas mayores de 25 años sin título secundario, y la obligatoriedad de las sedes académicas de implementar cursos de nivelación o alternativamente, exámenes de ingreso (aunque no serían, en principio, restrictivos). Sólo podrán acceder a la universidad quienes hayan cumplimentado el nivel secundario.
La segunda modificación, tiene que ver con el carácter gratuito o arancelado de la educación universitaria de grado. Aquí, el nuevo gobierno habilita a establecer aranceles para aquellas personas que no sean ciudadanxs argentinos o por opción, o extranjeros sin residencia
También, se permite a las universidades suscribir convenios con estados, organizaciones, empresas o entidades públicas y/o privadas, para que aporten recursos o diversas formas de cooperación. Aquí Fernández reflexiona sobre la posibilidad latente de que estas entidades de alguna forma intervengan en las currículas o el perfil de las carreras que se dicten en cada casa de estudios. El debate se abre en torno a cuál es el rol de la universidad ¿Debe formar profesionales/técnicos o formar ciudadanxs?¿Qué nivel de injerencia tendrán quienes aporten en la autonomía universitaria? El Decano sostiene que es una discusión necesaria que deben darse quienes tienen la facultad de aprobar o rechazar la ley.
El tercer artículo, prevé la forma de evaluación de las universidades. Actualmente, esta tarea la lleva adelante CONEAU. La nueva norma propone que las evaluaciones se realicen cada 10 años (en lugar de 6, como hasta ahora) y que puedan ser realizadas por comisiones de pares con reconocida trayectoria.
Finalmente, en relación al presupuesto, el último artículo modifica la forma de asignación de los fondos del Estado nacional entre las diversas instituciones universitarias, formulando que será de acuerdo a la cantidad de estudiantes que cada una posea.
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