El titular de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz habló de la carta que las agrupaciones de todo el país mandaron al presidente Alberto Fernandez. El miércoles tienen pactada una reunión con el mandatario y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. En promedio, los alquileres se llevan un 55% de los ingresos agregó Díaz, convirtiendosé en los más caros del continente.
El reclamo es por el lobby de las inmobiliarias para frenar la actual ley de alquileres, los aumentos desmedidos y la necesidad de establecer politicas claras y rápidas que regulen el mercado que hoy está dolarizado:
«Hasta la dictadura se pagaba un 2,6% del ingreso, que se destinaba para el alquiler, parte de nuestro salario. Hoy estamos de promedio, arriba del 55 (porciento).Entonces, la verdad que no podemos permitir que el mercado, cada vez que hay un aumento salarial, absorba ese aumento, lo absorba a través del precio del alquiler…de esa forma mantienen en el circuito de inquilinos de por vida, a 9 millones de personas»
Las principales demandas de las asociaciones de inquilines:
- Regulación del precio de los alquileres entre contrato y contrato (poner topes).
- Tener una política fiscal para los pequeños y medianos propietarios que alquilen sus viviendas.
- Excluir de la misma a quienes no alquilen con hijos.
- Crear un organismo articulado con cada provincia (como lo establece la ley de alquileres) para
- controlar la aplicación de la ley, e informar a los inquilinos/as de sus derechos.
- Desarrollar el plan de vivienda social que establece la ley de alquileres.
- Poner viviendas en alquiler del Estado a bajo costo para regular precio de alquileres.
Reproducimos la carta dirigida al presidente de la Nación:
SR. PRESIDENTE DE LA NACIÓN
ALBERTO FERNÁNDEZ
SU DESPACHO
A través de la presente, le solicitamos tenga a bien considerar el pedido de reunión con el
ministro Jorge Ferraresi, Usted, y los referentes del Gobierno Nacional que considere necesario
para tratar la problemática de los 9 millones de inquilinos e inquilinas de todo el territorio
nacional.
Como sabe, el problema del acceso a la vivienda es FEDERAL. Según datos del INDEC, desde 2001 a 2020 los propietarios pasaron de ser un 62% a un 50%, y los inquilinos un 22% a un 38%.
Es decir, se concentró la vivienda. Por otro lado, la desregulación del precio de los alquileres impuesta por la dictadura permitió que las y los trabajadores de nuestro país, destinen hoy más de la mitad (55% promedio) de su salario sólo al pago del alquiler, cuestión que deja prácticamente esclavos del mercado a millones de argentinos y argentinas.
Para dar una idea rápida del problema, con las regulaciones del Decreto 1580 aplicado en
1943 durante varios años, se produjo el siguiente efecto:
– Pasamos del 17,6% de propietarios (1945), a tener 45,6% en 1955. Con las regulaciones,
sólo se destinaba el 2,6% del salario al pago del alquiler. Es decir, regular el precio de los
alquileres, es distribuir la riqueza.
El problema, entendemos, no es sólo nacional. Por eso diversos países como Alemania (congeló precios y expropió 240 mil viviendas ociosas), Francia (congelo en plena pandemia los alquileres y la medida continúa), y con medidas similares atacaron el problema Inglaterra, Catalunya, parte de España, Estados Unidos (Biden apenas asumió firmó el decreto que extiende los contratos), entre otras naciones que consideran un peligro para sus ciudadanos la concentración de la vivienda en pocas manos. Y, para ello, tuvo políticas públicas que tendieron a regular y proteger el salario, así como garantizar el techo.
El efecto de la pandemia no sólo desprotegió a los inquilinos e inquilinas desde el punto de vista económico. Como resultado de la pérdida del trabajo, la baja de ingresos (de actividades independientes o no esenciales), hubo un fuerte endeudamiento (del orden del 40% de los locatarios/as), con la consecuencia que muchos fueron desalojados, o tuvieron que aceptar los precios del Mercado que rondaron entre un 50% y 120% en las renovaciones.
Es decir, el problema social se volvió un problema político, y por lo tanto en un problema electoral cuando no es resuelto. Vimos como los inquilinos e inquilinas aplaudieron las medidas a través de los decretos, incluso la ley de alquileres. Y lo hicieron porque por primera vez desde el retorno de la democracia, se sintieron protegidos. Pero la salida del mismo decreto, 20 días antes de su finalización, sin que nadie tuviera tiempo ni dinero para buscar un lugar, o quedar a merced de los precios que impone el Mercado Inmobiliario, generaron un impacto económico y psicológico en la población. Y eso, sumado a la inflación generalizada de los demás rubros de la economía, y la muerte de 120 mil argentinos y argentinas.
A eso, hay que sumarle los aumentos de los servicios en los cuatros años del gobierno de Macri. Según datos del INDEC, cruzados por la Universidad de Avellaneda, el aumento de tales rubros desde 2015 a fines de 2019 fue exponencial: 3.500% promedio. Si se desagregan los datos, se acumula un promedio de 3.624% de luz, 2.401% en gas natural, y 1.025% en agua de red. En materia de transporte, hubo incrementos del 601% en el boleto de tren, y 494% en colectivos de
corta distancia.
A partir de la siguiente cuenta rápida, se puede detallar profundamente la realidad de los inquilinos en materia económica: en 2015 los salarios eran de 580 dólares; finalizado el 2019, el ingreso promedio fue de 221, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Es decir, el Salario Mínimo Vital y Móvil cayó un 61,9%.
Con ese escenario, arrancó la pandemia para los inquilinos e inquilinas. Y hoy, las inmobiliarias hacen lobby para dejar sin efecto una ley que desde 1983 protege en muchos aspectos a los inquilinos e inquilinas. A través de Cambiemos, presentaron cuatro proyectos que pide aumentos mensuales, volver a los dos años de contrato (en menor tiempo, aumentarían), dos meses de depósito para ingresar, y la posibilidad que los propietarios puedan finalizar los contratos cuando quieran, dejando sin ningún tipo de posibilidad de protesta ante la imposición de precios o reclamos por arreglos. Ni siquiera la primera ley de alquileres de 1921, se atrevió a tanto.
En este sentido, consideramos que es fundamental defender a los más débiles, cuidar el salario de quienes lo tienen, y regular las formas a través de las cuales se accede a la vivienda. Los Gobiernos deben cuidar a sus ciudadanos. Sino lo hace, hoy se deja a merced del Mercado a millones de personas, y permitimos que el derecho a la vivienda se convierta en algo netamente meritocrático.
El propio presidente Alberto Fernández dijo en 2003: “sino se regula los aumentos desmedidos no tienen sentido los aumentos de los salarios de Gobiernos y empresas”. Y eso es lo que consideramos que más hay que cuidar: el bolsillo del pueblo. Y si hoy no hacemos algo, no va a quedar salario para nadie.
Para ello, creemos que es necesario tomar las siguientes medidas, que fueron el modelo
insignia del Gobierno de Juan Domingo Perón:
– Regulación del precio de los alquileres entre contrato y contrato (poner topes).
– Tener una política fiscal para los pequeños y medianos propietarios que alquilen sus viviendas. Excluir de la misma a quienes no alquilen con hijos.
– Crear un organismo articulado con cada provincia (como lo establece la ley de alquileres) para controlar la aplicación de la ley, e informar a los inquilinos/as de sus derechos.
– Desarrollar el plan de vivienda social que establece la ley de alquileres.
– Poner viviendas en alquiler del Estado a bajo costo para regular precio de alquileres.
firman:
Unión de Inquilinos de Río Negro – Roberto Díaz
Inquilinos Neuquén – Andrea Gerez
Inquilinos Provincia Buenos Aires – Gustavo Partemi
Inquilinos La Plata – Esteban Javier
Unión de Inquilinos Chubut – Maximiliano Dalvano
Inquilinos Juana Koslay – San Juan
Unión de Inquilinos de Salta – Natalia Soraire
Fundación Patagones Hace – José San Martín
Inquilinos de Quilmes – Cecilia Pereyra