Un nuevo femicidio conmovió al país, se trata del asesinato a puñaladas de Úrsula Bahillo el pasado lunes en la ciudad bonaerense de Rojas en manos de su ex novio, el policía y femicida Matías Ezequiel Martínez. La joven de 18 años había realizado denuncias por violencia de género reiteradas veces, sin embargo Martínez no la dejaba en paz, tal como lo expresan los dramáticos audios y mensajes que envió la víctima a sus amigas y que se dieron a conocer en los últimos días.
En su columna Bety Silva realiza un análisis del femicidio de Úrsula Bahillo y la actuación de la policía y el Poder Judicial en este caso y en todo el país, debido a la sistemática ola de femicidios y violencia patriarcal que sufren las mujeres y disidencias a diario y que no encuentran respuestas efectivas por parte el Estado.
«han pasado 41 días (del 2021) y en nuestro país han ocurrido 44 femicidios…el Estado a través de sus representantes parece no registran esta realidad tan urgente».
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El brutal crimen sucedió el pasado lunes 1 de febrero, el cuerpo de Úrsula fue hallado alrededor de las 20.30 entre unos pastizales ubicados a la altura del paraje Guido Spano, unos 13 kilómetros de la localidad de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Esa misma noche el policía fue detenido. El efectivo presentaba lesiones, que se cree que fueron autoprovocadas. A raíz de ello fue internado bajo custodia en el Hospital General de Agudos San José de Pergamino.
El efectivo de la policía bonaerense contaba con una perimetral por violencia de género contra Úrsula. También tenía programado para abril un juicio oral por por violencia de género contra otra ex pareja, Florencia Veloz y estaba siendo investigado por abuso sexual a una niña con discapacidad. Por tales razones contaba con una licencia con carpeta psiquiátrica.
Fuentes judiciales confirmaron a Telám que Martínez fue dado de alta este miércoles y trasladado a la comisaría de Conesa. Sin embargo la Justicia dispuso su traslado a un lugar desconocido para evitar «posibles incidentes».
La indagatoria del femicida tiene fecha para hoy jueves 11 y viernes 12 de febrero y estará a cargo del fiscal de Junín, Sergio Terrón, quien le imputa el delito de femicidio agravado por «alevosía» y «ensañamiento», ya que aprovechó el estado de indefensión de Úrsula y buscó aumentar su sufrimiento.
A raíz del femicidio de Bahillo, amigues y familiares fueron a reclamar justicia frente a la comisaria local, donde la propia víctima alojó unas 18 denuncias por violencia de género. El sábado, dos días antes del crimen, había sido la última.
La policía reaccionó violentamente reprimiendo con balas de goma. Menores de edad fueron alcanzados por los perdigones y sufrieron heridas de gravedad. Los disturbios fueron parte de una noche plagada de dolor y bronca contra la inacción de la policía y el poder judicial local, ya que su muerte podría haberse evitado.
Por tales hechos, «el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el jefe de la Policía bonaerense, comisario general Daniel García, dispusieron la intervención, tanto de la seccional local, como de la Comisaría de la Mujer de Rojas, mientras que Asuntos Internos trabajaba en «auditorías preventivas» en ambas dependencias, y los posteriores incidentes», informó Telám.
Recientemente se dio a conocer que el Juzgado de Paz de Rojas, a través del magistrado Luciano Callegari, (foco de las críticas de Patricia, madre de Úrsula), ordenó a la secretaria de Seguridad del Municipio de Rojas que le otorgarán a la víctima un botón antipánico recién el mismo día de la última denuncia, que fue el sábado 6 de febrero. Nadie abrió el email en la Comisaria de la Mujer, encargada de hacer efectivo el pedido, ya que se encuentra cerrada los fines de semana, por lo que el dispositivo no fue entregado a tiempo.
“El sábado, Úrsula concurrió a la comisaría de la Mujer y radicó una denuncia contra Martínez. Debido a que soy el único juez de Paz de Rojas tengo el teléfono prendido las 24 horas y ese día, la oficial que escuchó el relato de Úrsula me consultó sobre cuáles eran las medidas a aplicar. Entonces, ordené ampliar la restricción perimetral por 90 días, dispuse que se realicen rondas periódicas de vigilancia policial para ella y su grupo familiar, dispuse que se derive el caso a la Ayudantía fiscal ante la posible existencia del delito de desobediencia por parte de Martínez y que se comunique sobre la situación de violencia denuncia por la adolescente al área de Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad”, manifestó el magistrado al diario La Nación.
El Estado otra vez muestra como las herramientas para amparar a las víctimas por violencia de género son a cuenta gotas y no un verdadero compromiso y para brindar soluciones eficientes. Las diferentes poderes del Estado trabajan sin coordinación aparente. Los tiempos judiciales no se corresponden con la urgencia de una problemática cada vez más amenazante para la realidad de las mujeres en Argentina.
Como reflexiona Bety Silva en su columna:
«aquí está el resultado cuando las instituciones están más preocupadas por proteger al victimario que a la víctima. Esa carpeta psiquiátrica que tenía este oficial de la policía bonaerense, en el juicio también va a aparecer para instalar por parte de la defensa, «que no sabía lo que hacía, que estaba enfermo». Pero las instituciones tienen que entender que el patriarcado no es una enfermedad, es una organización social. cultural, política y económica basada en la desigualdad…lo que ha ocurrido con Úrsula es un femicidio totalmente anunciado».