La legislatura de Río Negro está totalmente vallada por el reclamo en rechazo al Pacto Fiscal

Desde Viedma, el Secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Judiciales, SITRAJUR, Emiliano Sanhuesa confirmó esta mañana que movilizarán a la legislatura provincial para rechazar el proyecto de ley de adhesión al pacto fiscal, que incorpora a los empleados públicos, entre ellos los judiciales, al impuesto a las ganancias.

foto ADN noticias – legislatura de Viedma, totalmente vallada

El proyecto fue aprobado por mayoría de Juntos Somos Río Negro y rechazado por la bancada del Frente para la Victoria, las dos principales fuerzas que componen la legislatura. El proyecto será tratado el día de hoy y la legislatura se encuentra vallada ante la movilización social que rechaza esta medida, «pensamos entrar a la legislatura» aseveró el dirigente.

También añadió que

«Este proyecto que implica una doble tributación en el salario y se hace en un contexto en el que se exime a de impuestos a las multinacionales, a la megaminera, los multimedios amigos y cargan la deuda en nosotros, aumentando el campo de aplicación de las ganancias.

Emilinao Sanhuesa – SITRAJUR
La imagen puede contener: Emiliano Sanhueza, de pie y exterior
Emiliano Sanhueza

Afirmó que «los jueces son los únicos que quedan excluidos de esta ley, lo que constituye un privilegio más. Quizá en otro contexto se podría discutir esta ley». Además repudio que la legislatura este vallada «es un plus más. Es vergonzoso, ni siquiera son capaces de hacerse cargo de lo que voten y le dan la espalda al pueblo».

Trabajadores judiciales y sectores de la UNTER y ATE están en las inmediaciones del legislatura en Viedma esperando poder entrar a la sesión pública para presenciar el debate sobre el Pacto Fiscal.


El acuerdo suscrito con el gobierno nacional debía regir a partir del 1 de enero de este año, pero el acuerdo con Ministros del gobierno, recién se afianzó hace unas semanas. La agenda busca lograr el tan mentado «equilibrio fiscal en las provincias» y por ello prevé, entre otras cosas, que la totalidad de los empleados públicos los funcionarios y legisladores comenzarán a pagar Impuesto a las Ganancias.

Esta serie de medidas recaudatorias de ajuste fiscal por parte de los Estados provinciales fueron acordadas en el «Pacto fiscal» refrendado en 2016 por 22 provincias, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional.

Ese mismo año fue aprobada la adhesión por la Legislatura rionegrina y en septiembre del 2018 se pacto la agenda, que en el artículo 1 remitida por el Gobierno a la Legislatura, establece: “Derogar a partir del 1 de enero de 2019, toda disposición mediante la que se establezca la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del Impuesto a las Ganancias; excepto las establecidas en la ley del impuesto a las ganancias u otras leyes nacionales”.

Varios sectores se veían beneficiados con resoluciones que disminuían la base de cálculo del impuesto a las ganancias. Entre ellos, además de los empleados públicos, serán incluidos en estas modificaciones:

  • el sector de profesionales de la Salud logró que no se compute para el descuento un plus vinculado con cargos extras.
  • funcionarios del Ejecutivo y los legisladores
  • eliminación de cualquier tipo de pagos a funcionarios y trabajadores en concepto de viáticos, movilidad, bonificación especial o funcional, responsabilidad jerárquica, dedicación, desarraigo, entre otros.
  • Las empresas del Estado también estarán alcanzadas por la futura ley
  • el Poder Judicial realiza actualmente la deducción del impuesto a los funcionarios y trabajadores que ingresaron a partir del 2017, en función de lo establecido en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces de garantías y de los tribunales son los únicos que no pagarán ganancias.

Uno de los argumentos establecidos por la ley de adhesión dice que «partir del segundo trimestre de 2018 se presentaron nuevas circunstancias en el contexto internacional, con una mayor volatilidad en los mercados financieros, que hicieron necesario adoptar medidas para acelerar la consolidación fiscal”. Es lógico pensar que este texto esconde la referencia al endeudamiento que el Estado Argentino contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las obligaciones de pago terminan volcándose en el Pacto Fiscal al que adhiere Río Negro y otras 21 provincias, menos San Luis.