Los tres miembros del máximo tribunal que votaron a favor de ese beneficio fueron denunciados por «prevaricato», delito que se les adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho.
Es la primera denuncia penal contra los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco y fue presentada por el abogado Marcelo Parrilli. La denuncia quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, informaron hoy fuentes judiciales.
El abogado aludió a la “gravedad del fallo” firmado por la Corte y ahora el juez remitirá al fiscal Guillermo Marijuan para que dictamine si corresponde o no impulsar una investigación.
Parrilli sostuvo que los tres jueces firmantes del fallo tendrían “fuertes vínculos con el gobierno nacional”. Se trata de la primera denuncia ingresada a los tribunales a raíz de la firma del fallo de la Corte, que ya derivó en pedidos de excarcelación por parte de represores condenados.
Apenas unas horas más tarde de que se difundiera el fallo que benefició a Luis Muiña, otros cuatro represores solicitaron el mismo beneficio: el obstetra de la ESMA Jorge Luis Magnacco, condenado por el robo de bebes; Alejandro Lazo, condenado por torturas; el represor Víctor Gallo y el coronel retirado Héctor Salvador Giribone, preso por el robo y ocultamiento de la identidad del hijo de desaparecidos Pablo Javier Gaona Miranda.
Tambien se sumó su pedido Arnaldo “Chubi” López, un civil de Inteligencia condenado en el marco de la megacausa La Perla, que cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, unos 278 genocidas podrían quedar en libertad si se les aplicara el beneficio del 2×1 en sus respectivas causas.
Fuente: ADN