En una jornada marcada por la tensión social y la movilización popular, lMendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto «Malargüe Distrito Minero Occidental». La medida, que habilita el avance de la actividad minera en la provincia, generó un fuerte rechazo de las Asambleas por el Agua, que se manifestaron masivamente frente a la Legislatura.
En diálogo con Antena Libre, Federico Soria, militante de la Asamblea Ambiental de Uspallata, denunció lo que considera una entrega de los recursos naturales y una violación a los derechos humanos. Soria detalló que la votación finalizó con 29 votos a favor y 6 en contra, señalando críticamente el acompañamiento de cuatro senadores del peronismo que, según sus palabras, rompieron con la promesa de votar en oposición.
«No hay licencia social»
La aprobación se dio en un contexto de fuerte resistencia. Soria relató cómo la «Marcha del Agua» recorrió 120 kilómetros a pie desde Uspallata hasta la capital provincial, culminando en una concentración que, según estimaciones de la asamblea, reunió a cerca de 20.000 personas en las calles.
El asambleísta refutó los argumentos económicos del gobierno, citando estadísticas oficiales que indican que la minería metalífera emplea a menos del 1% de la masa laboral en provincias como San Juan o Catamarca, y advirtió sobre el costo fiscal: «Las empresas mineras no pagan los desastres ambientales, los termina pagando el Estado».
Tras la votación, las asambleas convocaron a nuevas movilizaciones, ratificando que continuarán en las calles y en la vía judicial para frenar lo que consideran un saqueo inconstitucional de los bienes comunes.