Integrantes de comunidades mapuche de Neuquén fueron brutalmente reprimidas durante una manifestación pacífica frente a la Casa de Gobierno, donde reclamaban el reconocimiento de su personería jurídica.
La abogada Mariana Derni, del CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), denunció que el operativo fue “claramente planificado” y que se ejerció violencia contra mujeres, niños y adolescentes. La protesta respondía a meses de silencio institucional frente a un reclamo legítimo: el reconocimiento jurídico de cuatro comunidades.
Pichimian, integrante de las comunidades, relató con profunda angustia haber sido golpeado hasta perder piezas dentales, al igual que su hijo y su madre. Denunció la falta de atención médica y el destrato de las autoridades.
“Nos golpearon, pero seguimos fortalecidos”, expresó.
Liliana, Lonko de la Lof Fvtaxaye, detalló el sufrimiento físico y emocional de quienes participaron. Una mujer mayor, operada recientemente de cáncer, fue agredida. También niños y otras mujeres resultaron heridas. Liliana desmintió al ministro (de gobierno) Tobares, quien dijo que faltaba documentación para el trámite de personería: “Lo que falta es voluntad política”, afirmó.
Ambos testimonios coinciden en que la represión responde a intereses ligados al avance de Vaca Muerta. Según Liliana, el gobierno evita reconocer jurídicamente a las comunidades para no interferir con el avance de las petroleras, que ya están afectando gravemente sus tierras y modos de vida con polvo, ruido y contaminación.
Tras la represión, las personas detenidas fueron liberados gracias a la movilización de organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos. La rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile, ofreció la institución como mediadora para abrir un canal de diálogo. La iglesia también propuso una instancia de conversación.
A pesar de la violencia, las comunidades mantienen su decisión de continuar la lucha por sus derechos. “La personería jurídica es nuestro DNI como pueblo”, dijo Liliana, y remarcó que sin ese reconocimiento no pueden ni siquiera defenderse legalmente del avance extractivista.
Las organizaciones que se han solidarizado con lxs detenidxs, enfatizan que la represión en Neuquén no es un hecho aislado. Se inscribe en una política de criminalización de los pueblos originarios a nivel nacional. Pero también revela una resistencia firme, que busca justicia, reconocimiento y respeto por los territorios ancestrales.