Samuel Barriga, secretario general de UATRE, detalló en Antena Libre la crítica situación que atraviesan los trabajadores de la poda en el Alto Valle. Aunque esta tarea garantiza una buena cosecha, los trabajadores enfrentan condiciones laborales cada vez más precarias. El trabajo en negro se ha incrementado notablemente y muchas empresas optan por la gestión de personal mediante contratistas, dejando sin cobertura de salud ni ART a la mayoría de los trabajadores.
Según Barriga, el 60% del personal inspeccionado está sin registrar. A esto se suma un nuevo decreto del gobierno nacional que legitima la subcontratación y establece un período de prueba de ocho meses, reduciendo las garantías laborales. «Con un simple preaviso pueden despedirte sin indemnización», advirtió.
El salario promedio de un podador ronda los $900.000, muy por debajo de la canasta básica. Además, Barriga informó que no se respetan los acuerdos paritarios. En paralelo, la venta de chacras y el reemplazo de cultivos por otros usos han reducido la demanda de mano de obra calificada, empeorando la calidad de la poda y la fruta.
Desde el gremio advierten que esta situación afecta tanto a trabajadores jóvenes como a jubilados que deben seguir trabajando para subsistir. Exigen controles más estrictos y que se cumplan las leyes vigentes. También recomiendan verificar que el aumento del 48,5% se aplique sobre el valor real por línea podada.
El panorama evidencia una alarmante desprotección de quienes sostienen la producción frutícola de la región.