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Concejales y legisladores del Frente para la Victoria junto a organizaciones sociales, presentaron ayer ante la Justicia Federal de Viedma un amparo colectivo para frenar la anulación de las 170 mil pensiones no contributivas.
Habrá presentaciones similares en otras cuatro provincias que serán la antesala de un proyecto que esta semana se presentará en el Congreso para declarar la intangibilidad de esos beneficios y modificar los requisitos con que se lo otorga.
El amparo tiene como antecedente inmediato la cautelar presentada la semana pasada en la Justicia Federal de Roca por Miguel Bravo (62 años), quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía ese beneficio desde 2010, hasta que el Ministerio de Desarrollo nacional, a cargo de Carolina Stanley, decidió dejar de pagarle, hace dos meses, los 6 mil pesos mensuales que le correspondían.
Tanto la cautelar como el amparo en representación de cuatro vecinos de Viedma fueron iniciativas del diputado Martín Doñate (PJ-FPV). Doñate evaluó que tras el recorte del Gobierno nacional, que se excusa invocando un decreto de 1997 , “una abrumadora cantidad de personas que quedaron desamparadas”. Solo en el territorio de Río Negro hay aproximadamente 400 hombres y mujeres que dejarán de cobrar las pensiones que percibían hasta ahora.
Mirian Zaig, delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Río Negro explicó que según la ley 13.478 el gobierno nacional puede revisar las pensiones no contributivas. La funcionaria justificó la baja de algunas pensiones en un otorgamiento por «favores políticos».
De las 170 mil pensiones que el gobierno de Mauricio Macri canceló o suspendió, 83 mil fueron dadas de baja este año. Si bien el amparo colectivo fue hecho sobre la base de cuatro casos particulares, entre los patrocinantes figuran varios legisladores provinciales y dos ONG, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, que solicitan ser aceptadas para representar a otros tantos casos hasta que se resuelva la cuestión de fondo (la legalidad o no de los recortes).
Este tipo de beneficio fue diagramado originalmente en función de aquellas personas que, por diferentes situaciones, no cuentan con los recursos o los bienes suficientes para su subsistencia o la de su grupo familiar. Para que la pensiones por invalidez o vejez sean otorgadas con el carácter de “obligatorio”se deberá presentar un certificado único de discapacidad, el cual es otorgado por juntas evaluadoras.
Sólo en Viedma, donde se hizo la presentación, “tenemos registrados más de 180 casos, pero se sumaron datos de las localidades de Conesa, San Antonio, Bariloche, General Roca, Cipolletti y otras ciudades, que suman alrededor de 400 en toda la provincia”, puntualizó Doñate al diario Página/12.
Fuente: ADN y el diario Hoy.