El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de la provincia de Río Negro, Rodolfo Aguiar, le solicito al nuevo Jefe de la Policía de la provincia , Daniel Jara, que aclare si efectivamente ordenó llevar adelante «tareas de inteligencia» sobre su persona.
«He recibido dos anónimos con datos muy precisos acerca de tareas de inteligencia ilegales de las que seria objeto mi familia y yo por orden del reciente asumido al frente de la Policía Rionegrina, Daniel Jara. Cuesta creer que se manejen de manera tan baja y recurran a prácticas propias de las dictaduras militares. Jara debe explicar si ordenó estas tareas, si existe orden judicial para ellas y los motivos de las mismas. Queremos saber si este Maximiliano Erbin es un agente de la fuerza, si es hijo de un comisario de la ciudad y cuales son las funciones que se le asignaron en los últimos dos meses», exigió Aguiar.
El dirigente sindical recibió en las últimas horas un mensaje anónimo con datos acerca de «como se llevarían adelante las tareas ilegales de investigación,centralmente en la ciudad de residencia de Aguiar (General Roca), con datos sobre dos de los vehículos utilizados, la fotografía y los datos personales de una de las personas a quien le encomendaron el seguimiento, resultando que la misma sería hijo de un conocido comisario de la la ciudad».
La información en poder del sindicato señala que quien sigue y le saca fotos a Aguiar diariamente, «elaborando informes que son periódicamente remitidos a Jara, se moviliza en un Renault 9 color rojo (que sería de su propiedad) y en un Monza color azul oscuro (tal vez propiedad de la Fuerza) y se llama Maximiliano Erbin, pudiendo trabajar en la Regional con sede en la ciudad de General Roca».
El dirigente sindical anticipo que presentará una denuncia formal en la Unidad Fiscal de Investigaciones para que estos hechos sean investigados y pueda conocerse si existe autorización judicial que permita tales prácticas, además de corroborar la sospecha sobre tener la línea telefónica personal intervenida de manera ilegal por el Gobierno Provincial.