La Cámara alta dispuso en la sesión de ayer la modificación de varios artículos de la Ley 24.521, Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, y uno de los más importantes es el 2°, donde ahora queda explicitado que «el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas».
«La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena», indicó a Télam la autora de la modificatoria, la diputada Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria).
«Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos», agregó.
Los cambios en la normativa también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.
Con el mismo espíritu de gratuidad, les prohíbe «suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización».
Fuente: Telam