Macri vetó la ley que frena el aumento de tarifas

El presidente Mauricio Macri justificó este jueves la decisión de vetar de manera total la ley que limitaba los aumentos de tarifas de servicios públicos en el alto costo fiscal que tendría la medida, la división de poderes y la falta de un criterio federal, y recordó el veto de Cristina Kirchner al 82% móvil.


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Con las firmas del propio mandatario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, el decreto que será publicado este viernes en el Boletín Oficial establece que «el proyecto de ley bajo examen tiene un costo fiscal 65.886.000.000 pesos durante 2018», según los números que cita de un documento de trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Asimismo, en el texto al que accedió NA se advierte que «a los resultados del estudio mencionado deben agregarse las variaciones del tipo de cambio ocurridas desde abril de 2018, el aumento del precio internacional del petróleo crudo en igual período y sus impactos sobre los subsidios».

«En aquella estimación no se consideraron los costos fiscales vinculados con el aumento en la cantidad de beneficiarios de la tarifa social, con el impacto del proyecto en los servicios de agua y saneamiento, y con la devolución de los créditos a favor de los usuarios por lo abonado desde noviembre de 2017, entre otros aspectos. Ese costo fiscal total superaría la suma de 115.000.000.000 de pesos para 2018, monto que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018», indicó.

A modo comparativo, el Poder Ejecutivo ejemplificó que «este costo fiscal equivale a 77.000 viviendas sociales, más de dos años de la Asignación Universal por Hijo -que hoy cubre a casi 4 millones de beneficiarios-, 2.875 escuelas, 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades».

E insistió en que «la cifra en cuestión haría imposible cumplir con las metas fiscales para el actual ejercicio fiscal y los siguientes, con las consecuencias que ello tendría sobre el costo de financiamiento para la Argentina, dificultando la sostenibilidad de la deuda pública».

Buenos Aires, NA.