Chubut: la minería no cierra sin represión

foto – https://noalamina.org/argentina/chubut

Por estas semanas Chubut atraviesa definiciones de suma importancia para su futuro ambiental, social y productivo. El gobierno de Mariano Arcioni decidió avanzar con la megaminería a pesar de la negativa contundente del pueblo chubutense, manifestada en iniciativas populares amparadas por la histórica Ley 5001 que prohibió la actividad en 2003. Chubut resiste. 

Movilizaciones en todos los puntos de la provincia rechazan el «Proyecto de Zonificación», que también es impulsado el Ministerio de Producción nacional mediante el Plan de Desarrollo Minero Nacional, y que quieren aprobar de forma virtual, a espaldas de la población.

De aprobarse, un 70% del territorio quedaría habilitado para las explotaciones de Plomo y Plata, además de Uranio. La contaminación sería letal para los acuíferos y para el río Chubut, que ya presenta bajo caudal y hay varias localidaes con crisis hídrica.

La provincia se encuentra en una profunda crisis fiscal, con salarios adeudados a les trabajadores estatales. En este contexto la megaminería es presentada como un recurso salvador, un relato que potencian los medios y el gobierno provincial (y nacional). Sin embargo, la negativa de la poblacion es masiva, y ante esto las detenciones arbitrarias y persecuciónes están siendo la herramienta para imponer el modelo extractivista.

Las Asambleas socioambientales de Chubut vienen denunciando que el gobierno de Mariano Arcioni utiliza la violencia como una forma de imponer miedo en la población.

Desde la cartera de seguridad, Federico Massoni, muy cuestionado por su accionar autoritario durante la pandemia está llevando a cabo allanamientos de las viviendas de asambleístas que rechazan la megaminería en Rawson.


También hubieron detenciones y abuso de autoridad en los operativos de seguridad en varias localidades. Los operativos comenzaron luego de que en la última semana se produjeran movilizaciones en todo Chubut, en defensa del agua y contra la avanzada extractivista.

Antena Libre realizó un reportaje para abordar el conflicto de gran importancia regional, debido a las graves consecuencias ambientales que conlleva. Las entrevistas son a Noelia Silva, militante de la Unión de Asambleas de Chubut y de Asamblea ambienal de Rawson y Playa Unión, y a Maíte Aranzabal, militante de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco – Río Negro.

para escuchar la entrevista recordá pausar el reproductor de radio en vivo.


Minería a gran escala: un modelo de desarrollo ambiguo

El inicio de la minería en Argentina y el continente se remonta a la época colonial. Fue el patrón de acumulación de riqueza de los países conquistadores, pero también en los comienzos del capitalismo moderno comenzó a adquirir mayor fuerza en su inversión y desarrollo técnico. En el siglo XXI la economía mundial se vió transformada con la puesta en valor de la minería y otras actividades extractivas motivadas por el capital financiero, aumentando su escala y proliferación. También los problemas socio ambientales. 

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Las fronteras mineras ante este panorama se han expandido con el apoyo de los diferentes gobiernos y con la promesa del “progreso”, como argumento para su impulso.

Este paradigma está ocasionando una gran y diversa crisis socio ambiental en el país y el continente. Crisis hídrica, contaminación directa de ríos, falta de control estatal y vulneración de los derechos humanos de las comunidades que habitan los territorios.

La socióloga Maristela Svampa en su libro «El colapso ecológico ya llegó» (2020) que escribió junto a Enrique Viale alertá que

«la crisis climática no es solo una narrativa global: si la aterrizamos en el territorio, tiene que ver con el extractivismo, esto es, con la quema de combustibles fósiles, con la deforestación, con la generación de pasivos ambientales, con la contaminación de las aguas, entre otros. Tiene que ver con el fracking, con el agronegocios, con la megaminería, con los polos industriales de contaminación». 

En el país, las luchas socioambientales contra la megaminería tienen su inicio en Esquel, en 2003, de donde proviene la ley más antigua (la ley 5001). Desde allí las luchas contra la megaminería y los extractivismos contaminantes tomaron el formato asambleario y se fueron replicando en varias provincias.

No obstante, la minería avanzó Catamarca, San Juan, Sant Cruz, Salta y Jujuy, pero en otras no gracias a la movilizaciones. Chubut, gracias a la pueblada de Esquél, es una de las provincias donde existe una legislación que prohíbe la megaminería: junto a, Mendoza, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego.

A nivel nacional, en 2010 se sancionó la Ley de Glaciares, la única a nivel nacional que prohíbe la minería y la explotación petrolera en zona de glaciares y ambiente periglaciar. Por su parte, en Río Negro y La Rioja se derogó esta ley dos provincias se derogó la ley, pero no se avanzó en proyectos minero. Recientemente hay intentos de avanzar con el proyecto de Calcatreu, cerca de Ingenierio Jaccobaci, está en fase de exploración y tiene en alerta a les asambleas rionegrinos.

En diciembre del 2019, en Mendoza hubo un levantamiento en la provincia entera que salió a las calles en defensa del agua, tras diferentes intentos de avance de la megaminería. Una provincia que en la actualidad sufre escasez hídrica en varias localidades.

En este contexto nacional se está debatiendo el proyecto de zonificación minera en Chubut. En la legislatura, donde las posiciones sobre la temática son ambivalentes, debido a la fuerte identidad que existe en Chubut con el «No a la Mina».

En los medios de la provincia se lee el gran lobby mediático de las multinacionales mineras, que criminalizan a las asambleas surgidas de la organización popular. Así mismo las cámaras empresariales se encuentran «comprando votos» de legisladores mediante diferentes estratégias de persuación.

Desde el medio digital No a la Mina en Chubut informan que junto al reclamo, existen propuestas que buscan avanzar en un modelo de ecónomico de producción sustentable:

«la actividad es rechazada en Chubut desde 2002, con numerosas asambleas socioambientales y pueblos originarios que exigen que se priorice el ambiente, la salud y los derechos territoriales de los pueblos indígenas (normativas internacionales obliga a obtener su consentimiento ante actividades que pudieran afectarlos)».

foto – La Tinta

puesta al aire, edición y musicalización: Marcelo Pellejero

producción, entrevistas y redacción: Emanuel Gimenez

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