La memoria no se aísla: decreto represivo en Salta es denunciado en todo el país

foto – Frente de Organizaciones en Lucha – edición Antena Libre

La  memoria no se aísla es la columna de la periodista y militante por los derechos humanos Paola Arias, en ella reflexiona y recoge testimonios sobre la lucha por la memoria en tiempos de pandemia.

En esta entrega aborda el decreto 255/2020 de la provincia de Salta, un régimen sancionatorio excepcional que otorga a la policía la posibilidad de arrestar hasta por 60 días a quienes violen la cuarentena. Este decreto está siendo denunciado por numerosos organismos de derechos humanos del país, e incluso Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus colectivo contra de la normativa.

Participa,  Canela Alvárez integrante de Hijos e Hijas por la identidad contra el olvido y el silencio Regional Salta. (H.I.J.O.S e Hijas Regional Salta)

para escuchar el informe recordá pausar el reproductor de radio en vivo.


Muchas de las detenciones impuestas en el marco de emergencia sanitaria terminan justificando el costado represivo de las policías provinciales. Uno de los tantos lados lado B de las medidas de restricción circulatoria para frenar la gran contagiosidad del covid 19.   

El 31 de Marzo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz creó a través del decreto 255/2020 un régimen sancionatorio excepcional  que otorga a la policía la posibilidad de arrestar hasta por 60 días a quienes violen la cuarentena.

Este decreto facultó a la policía salteña a detener, investigar, sancionar y aplicar penas de arresto sin necesidad de darle intervención a un/a fiscal/a o juez/a, lo que viola las garantías constitucionales del proceso penal. Habilita detenciones ilegales, la privación ilegítima de la libertad y el juzgamiento por comisiones especiales.

Ante esta situación, la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS, con el apoyo de abogades del Colectivo de Abogades Populares, interpusieron un amparo ante la Corte de Justicia de Salta pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del decreto.

También la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación  presentó un habeas corpus colectivo y preventivo contra la violencia institucional en esa provincia y solicito a la Justicia provincial que derogue la ley 8191 que deviene del decreto 255/202 citado.

Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también solicitó su derogación, por “estar en contradicción con las reglas del debido proceso legal, las garantías mínimas reconocidas en materia de derechos humanos y no se adecua a los estándares internacionales de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

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