Pamela Luna de la organización «Rosa Salvaje», en Viedma, de «Socorristas en Red», a razón del caso de violencia institucional en contra de una persona que había ejercido su derecho a ILE (Interrupción Legal del Embarazo).
Una joven vulnerada y violentada por su ex pareja estaba viviendo en la Casa Refugio que la Secretaría de Igualdad de Género -dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia- ten la ciudad de Viedma. Ella y sus dos hijes, estaban bajo resguardo porque el violento estaba en libertad. Con todo el derecho que la asisten las leyes nacionales y la ley provincial de Aborto no punible (Nº 4796); asesorada por trabajadoras de la Secretaría de Igualdad de Género y también por mujeres de la agrupación «Rosa Salvaje», solicitó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el hospital local. Un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria, con pastillas de misoprostol, que tiene efectos inmediatos y seguros en el cuerpo.
Sin embargo, el ejercicio del derecho a decidir fue interpretado por una de las operadoras que trabaja en la Casa Refugio y por una mujer policía que cumplía adicionales, como un aborto clandestino, promovido y gestionado por otras trabajadoras del lugar.
Por esa razón, sin dar intervención a sus superiores, la operadora de la Casa Refugio radicó una denuncia penal en la fiscalía que conduce Guillermo Ortiz, quien ese mismo día solicitó diferentes medidas: un pedido de información sobre la paciente al Hospital Artémides Zatti, y dos allanamientos, uno a la Casa Refugio y otro a la vivienda particular de una de las denunciadas.
A primera hora del día siguiente, aún sin que las medidas pedidas fueran realizadas, una radio y un diario local instalaron en la opinión pública la versión sobre un aborto clandestino realizado en una dependencia pública provincial.
El informe que brindó el Hospital fue contundente, la ILE se realizó a pedido de la paciente que firmó el consentimiento. Para ello contó con el acompañamiento terapéutico necesario; las drogas se retiraron desde la farmacia del mismo nosocomio y la paciente fue acompañada emocionalmente por trabajadoras de la Secretaría de Igualdad de Género y también por integrantes de «Rosa Salvaje», «Socorristas en Red». Por tanto, no existió tal situación de clandestinidad, ni oscurantismo, hubo una decisión consciente de una mujer sobre su propio cuerpo.
La información sobre “un aborto clandestino”, que aún está penado por la ley argentina, fue filtrada a la prensa desde una dependencia policial, que a través de un informe interno expuso datos como nombres y direcciones. Por seguridad, esos datos deberían ser resguardados.
Consultadas las mismas fuentes sobre capacitaciones en perspectivas de género para actuar en casos como estos, afirmaron que “las están recibiendo, desde al año pasado, desde los choferes hasta el mismo Procurador General de la provincia”.
A pesar de esa “capacitación”, los policías y funcionarios judiciales que realizaron la diligencia en el Refugio no repararon en que la víctima y sus hijes estaban presentes, y pusieron en marcha el proceso de revictimización.
La verdad es que deja en evidencia que tipo de personal esta cunmpliendo funciones en estos lugares en los que es sumamente necesario trabajar con perspectivas de género.
En los próximos días se esperan renuncias o desplazamientos dentro de la Secretaría de Igualdad de Género y también contradenuncias penales. En tanto, los sumarios internos que el área de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano habría iniciado a las operadoras, se encontrarían por el momento en suspenso.
Pamela Luna, «Rosa Salvaje»