El hacinamiento convierte a las cárceles de Río Negro en grandes focos de infección por coronavirus

La pandemia por Covid 19 llegó a los penales del país y la incapacidad del sistema carcelario para prevenir los contagios explotó con las protestas en 50 establecimientos penitenciarios bonaerenses. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad por falta de cuidados sanitarios viene siendo denunciada hace tiempo también en Río Negro y se vincula a un problema de fondo: el régimen del sistema carcelario argentino, con superpoblación, hacinamiento y abuso de prisiones preventivas.

La abogada y militante del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, Ana Calafat habló sobre una de las semanas más críticas en la historia del sistema carcelario argentino,  «aquí como en muchos lugares del mundo, siempre cuando han surgido problemas de salud, en las cárceles se producen focos de infección y el temor es justamente por eso, ante las carencias para prevenirlo«.


Sobre el grave problema de la superpoblación carcelaria en el país, recordó las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los países de América Latina, de reducir la población en las cárceles y tratar repensar el tema de las prisiones preventivas que se han convertido en un abuso.

Para ello, los países disponen de sus propias medidas atadas sus regímenes legales en lo penal para garantizarlo, con excarcelaciones y prisiones domiciliarias para los presos de grupos de riesgo, es decir quienes tienen más de 65 años o están enfermos y que no hayan cometido delitos violentos, para las mujeres con hijes, embarazadas y quienes hayan cumplido gran parte de la condena.

Tras los sucesivos reclamos en cadena en las cárceles de Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal instó a seguir las recomendaciones del organismo internacional.

En Río Negro, el procurador general del Poder Judicial de la provincia, Jorge Crespo realizó un dictamen donde instruyó al fiscal General, Fabricio Brogna y al defensor General, Ariel Alice, que informen estas directivas a fiscales y defensores de presos en la provinciaquienes deberán analizar caso por caso la posibilidad de alternativas en el cumplimento de penas.

La abogada y también docente Ana Calafat afirmó que mientras la pandemia avanza hay un negacionismo de parte de las autoridades provinciales y judiciales, porque los análisis caso por caso requieren de plazos a veces muy extensos para este tipo de situaciones sanitarias, «siempre hay un pretexto para negar los derechos de las personas privadas de la libertad», manifestó.

Finalmente, Calafat dejó un mensaje a la sociedad en su conjunto: la situación sanitaria de las cárceles conlleva a un peligro para toda la comunidad, porque si no se descomprimen en su población, las cárceles pueden convertirse en grandes focos de infección.

«lo puede suceder es el colapso el sistema de salud pública para todos y todas, no sólo no se está respetando lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que no se está comprendiendo la gravedad del momento».

Días atrás, en los penales de Roca, Viedma y Bariloche hubo incidentes con las fuerzas de seguridad por las protestas de internos que reclaman que se cumplan las medidas de prevención ante el posible brote del virus, como entrega de alcohol en gel, barbijos y posibilidad de comunicación con sus familiares.