Se trata del geriátrico «Residencia Stella Maris» ubicado en calle Villegas, que pese a estar clausurado por no tener la habilitación comercial, edilicia y tampoco sanitaria seguía funcionado con once adultos mayores a su cuidado. El Municipio de Roca intimó hoy a Salud Pública, que en el plazo de 24 horas se proceda a la reubicación de los adultos mayores que se encuentran allí alojados. Además, pidieron conocer si se está relevando el cumplimiento de los protocolos sanitarios en los geriátricos.
El Municipio de Roca, que es la autoridad pertinente para controlar las habilitaciones comerciales y edilicias, intimó hoy al Consejo de Salud y Coordinación Regional de Fiscalización y Calidad de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, por su parte encargado del control de seguridad sanitaria, a que se proceda a la reubicación de los once adultos mayores que se encuentran en el geriátrico en un plazo de 24 horas.
Así mismo, exigieron que el mismo organismo provincial, cuya titular es Alina Edit Sartor, informe si se están cumpliendo los protocolos sanitarios para prevenir el contagio del COVID 19 en los demás geriátricos de la ciudad, relevando la situación mediante las visitas correspondientes.
La secretaria de Gobierno del municipio local, Mariana soler contó que las inspecciones en el lugar comenzaron en febrero y el 17 de Marzo pasado se notificó al Consejo de Salud y Coordinación Regional de Fiscalización y Calidad de Servicios de Salud, sobre la Sentencia Nº 1413/2020 en la cual se dispuso la clausura del establecimiento Geriátrico de calle Villegas 4635.
En efecto, cuando las actas llegaron al Juzgado de Faltas, «lo que se le pidió a la dueña es que desaloje el geriátrico y que los familiares retiren a los adultos mayores, que no tenía la habilitación edilicia y tampoco de seguridad sanitaria». Las familias nunca los retiraron.
Cuando comenzó a impactar la pandemia por coronavirus, los plazos en municipio y en el Juzgado de Faltas «comenzaron a acortarse» y de parte del establecimiento hicieron un descargo que no se tuvo en cuenta. La funcionaria dijo que Salud Pública todavía no ha resuelto el destino de los once adultos mayores que se encuentran en altos riesgos de salubridad y esperan que la clausura, conforme lo establecido por los art. 68 y 71 de la Ordenanza 2359/96, se haga efectiva.
Cabe destacar que en julio del año pasado, el mismo geriátrico fue allanado con orden judicial del Ministerio Público Fiscal por denuncias de maltratos, negadas rotundamente por su dueña. Fue allí cuando se comenzaron a conocer las falencias de esta institución, esta vez a nivel edilicio y sanitario.
En tiempos de Pandemia por COVID 19 los adultos mayores de 65 años deben estar aislados con el máximo de protección, una realidad lejos de cumplirse. Esta semana se dieron a conocer que muchos geriátricos del país no cumplen con los protocolos sanitarios de cuidado, a su vez los órganos de control, también están muy lejos de ser eficientes. Otra de las injusticias que explotan en los titulares y se evidencian, pareciera sólo en crisis como la actual, es la falta de empatía hacía nuestros abuelos y abuelas, a veces olvidados por el sistema y en casos como este, por sus propias familias, que notificados sobre la clausura de la institución, no fueron a buscarlos. Restan 24 horas para conocer que será de la suerte de esas once personas, que como un número que perdió en la ruleta, quedan al margen, esperando siempre hasta al final para alguien se anime a apostar por ellos.