Un asesinato por la espalda, dos años de impunidad: Rafa Nahuel tenía un sueño

Hace dos años, un joven mapuche recuperando su identidad y su territorio es asesinado por la espalda en un disparo de destierro, de odio y violencia contra un reclamo histórico. Desde la barriada Nahuel Hue hacía hacía la Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona del Lago Mascardi, Rafael Nahuel, «Rafita» tenía un sueño, tan simple como la mirada: retran para vivir en paz e igualdad con sus pares, rayún para cuidar la tierra y sus frutos, ser mapuche.

Hace dos años, cuando Argentina y el mundo seguía conmocionado por 77 días de desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017 y su sucesiva muerte (según pericias, ocurrida algún día entre el 1 de agosto y el 23 de agosto de 2017) confirmada luego del hallazgo de su cadáver en el mismo Río Chubut, muy cerca de donde ocurrió la represión de Gendarmería Nacional a una protesta de la comunidad Pu Lof, que incluyó disparos de balas dentro del territorio mapuche. Un caso que sigue impune.

La muerte del joven artesano de 28 años, despertó la sensibilidad de gran parte de la prensa y la clase media y motivo a una de las movilizaciones y pedidos de justicia más amplias y conmovedoras del mundo en ese momento. Pero además, destapó la olla de las grandes complicidades políticas del gobierno nacional al mando de las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura) con el poder económico inmobiliario y terrateniente de la Patagonia y sectores del poder judicial y mediático.

En fin, el Estado Nacional y el poder económico concentrado accionando su infraestructura más represiva contra el pueblo mapuche, que desde la ocupación colonial española sobre sus tierras ancestrales, el Estado Argentino durante los siglos XIX y XX no reconoció la personería jurídica de las tierras de los pueblos indígenas, que pasaron de ser fiscales en muchos casos a pertenecer a grandes propietarios extranjeros.

A poco más de un mes de haberse encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado, un de 17 de octubre y producto del mismo paradigma represivo, un disparo del prefecto Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros terminó con la vida del Rafael Nahuel.

Antes del disparo letal, el joven mapuche Rafael Nahuel de 22 años se encontraba hace un tiempo acompañando a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en su lucha por conservar su territorio; trabajaba en ella transitando un proceso personal de reconocimiento como parte del pueblo mapuche y pensando trasladarse desde el barrio popular del Alto de Bariloche, «Nahuel Hue» a las tierras de la comunidad en Villa Mascardi.

Fue hace dos años, un 25 de Noviembre del 2017, cuando por orden del juez Gustavo Villanueva, efectivos del grupo Albatros de Prefectura Naval ingresaron a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona del Lago Mascardi, Bariloche, Río Negro. El conflicto por tierras venía desarrollándose hace tiempo, y dos días antes las fuerzas de seguridad, el 23 de Noviembre ya habían comenzado su accionar represivo en la comunidad.

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La causa se encuentra en un trasfondo difícil de resolver en este contexto, con amenazas a su familia y la balanza equilibrada para quienes tienen el poder.

La ultima noticia es para la impunidad: en octubre de este año, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que procesó al prefecto Javier Pintos, acusado de haber asesinado al joven mapuche Rafael Nahuel. Además apartaron de la causa a los jueces de la Cámara Federal de General Roca, que en mayo habían desestimado las versiones del Poder Ejecutivo Nacional por «condicionar la pesquisa delineando un libreto para los protagonistas» y procesado al prefecto por «homicidio agravado por el uso de armas».

El abogado Maurico Rojas, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y parte de la querella en los casos Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, es claro en este sentido:

«creen que el homicidio se produce en el predio que había sido desalojado días anteriores, cuando la comunidad intentó recuperar el predio y la realidad es que el asesinato ocurre muy lejos de donde se hizo el desalojo, a 700 metros ascendiendo por la montaña. Los primeros rasgos de armas no letales se producen a 700 metros y las balas de plomo ocurren 300 metros, ascendiendo a la montaña de donde se encontraron las vainas de pintura» .

El pedido de justicia por Rafael Nahuel no tuvo el mismo impacto político, social y mediático que tuvo el de Santiago, tal vez por ser un joven perteneciente a las comunidades y de un barrio muy humilde de Bariloche, o tal vez porque los medios en su alineamiento al discurso del gobierno nacional de criminalización hacía la lucha del pueblo mapuche, no iban a cometer el mismo error de prestarle cobertura al caso y seguir escarbando en las complicidades de fondo.

Lo que si perdura es el pedido de justicia por parte del pueblo organizado para un asesinato por la espalda, como lo hace el Estado cuando perpetúa la desigualdad social, por la espalda, siempre por la espalda de quienes buscan un poco de justicia e igualdad.


El relato de su tía María Nahuel recuerda a Rafa y pide justicia a dos años del asesinato de Rafa:

A dos años del crimen de Rafa, el cantautor Maxi Flores compuso una chacarera dedicada a la memoria de Rafael Nahuel, un verdadero canto a la libertad que trasluce las situaciones de violencia estatal que vivió esa noche la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu y cotidianamente les pibes mapuches de los barrios populares.

Este video clip fue grabado de manera Kolectiva en Lof Huala We durante la muestra fotográfica «Fachi Antug», del Kolectivo de Fotógrafxs del Wall Mapu, en conjunto con Inchiñ .

A Rafa Nahuel – por Maxi Flores

La bala a Rafael Nahuel, una herida que sangra en el pueblo mapuche

El sueño de Rafael Nahuel de mudarse a Villa Mascardi y construir futuro no pudo lograrse. Pero todo tiene una explicación de fondo y tiene que ver con uno de los despliegues represivos más grandes desde la vuelta a la democracia, y sobre todo una continuidad histórica para seguir negando el derecho a la tierra de los pueblos originarios por parte del Estado.

En junio de este año, la Asamblea permanente por los Derechos Humanos de Argentina denunció a las autoridades del Ministerio de Seguridad por un plan criminal perpetrado contra las comunidades mapuches para resguardar los intereses inmobiliarios de los magnates de la Patagonia, que han hecho del amiguismo político con la actual gestión, una oportunidad de agigantar su posesión de tierras en complicidad con instituciones del Estado.

Así reaccionaba la Ministra Bullrich ante la denuncia de la APDH

El fiscal federal Franco Picardi retomó la denuncia e impulsa la imputación de Patricia Bulrrich y el ex jefe de gabinete del ministerio, Pablo Noceti, entre otros funcionarios, en el dictamen que consta de 80 carillas, Picardi se nutrió de todos los antecedentes fácticos y jurídicos vinculados a la criminalización a los pueblos originarios la Patagonia por parte de la Cambiemos:

«El 17 de febrero de 2016 la ministra convocó en Bariloche, epicentro de los conflictos entre pueblos originarios y negocios inmobiliarios, a una cumbre del Consejo Federal de Seguridad donde manifestó hacia los mapuche una virtual ‘declaración de guerra’. Bullrich anunció un nuevo protocolo de actuación para la protesta social en el que introdujo dos herramientas disciplinar a la comunidad mapuche y a otras comunidades originarias eliminando la prohibición expresa al uso de armas de fuego que tenía el anterior protocolo […] e introduciendo y abusando de la figura jurídica de la ‘flagrancia’, utilizada para justificar el operativo que culminó con la desaparición y muerte de Maldonado.

* «En febrero de 2016 se realizó la reunión nacional del Consejo de Seguridad Interior en Bariloche a pedido de asociaciones patagónicas con Bullrich y sus ministros, en la cual manifestaron su preocupación por graves hechos delictivos cometidos por grupos autodenominados Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M.) y que estarían vinculados a comunidades radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén”. 

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* «En agosto de 2016 el abogado Pablo Noceti estuvo en la audiencia de extradición del lonko Facundo Jones Huala, en Esque, junto a Guillermo Frankerberger, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

* «Los mapuches y la familia de Santiago Maldonado fueron espiados ilegalmente. Las operaciones de inteligencia ilegal contra los mapuches fueron parte de un plan más ambicioso que violar la ley de inteligencia, sino que se constituyó como un eslabón esencial para violentar de una manera irracional e ilegal la comunidad mapuche.  Así es como la Operación ‘Huracán’ de los carabineros chilenos contra los mapuches se convirtió en un escándalo que ya llevó a la cárcel a funcionarios de carabineros y desnudó también la inteligencia clandestina de Gendarmería de este lado de la cordillera. La investigación judicial en Chile en las últimas semanas fue arrojando los sólidos vínculos de inteligencia entre Carabineros y Gendarmería de manera ilegal para reprimir a los mapuches de manera coordinada en una suerte de nuevo Plan Cóndor y seguramente tendrá su correlato aquí cuando avance la investigación judicial”.

* «Gerardo Milman sostuvo que los propietarios de Patagonia Norte le manifestaron su preocupación sobre la problemática de las tomas de campo, el abigeato y los incendios forestales. ‘La nación está dispuesta a hacerse cargo y esperamos una respuesta desde la justicia federal’, sostuvo el funcionario”. Para la APDH, esto significó ‘la profundización del plan represivo orquestado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. 

* La Ministra Bullrich fue elocuente en todas sus declaraciones públicas que los mapuches estaban en la mira de su Ministerio como una ‘amenaza’ a la seguridad nacional”. Por eso cuando Nahuel fue asesinado no dudó en calificar el hecho como un ‘enfrentamiento’, a pesar de que los mapuche sólo tenían piedras. En esa causa, el juez Ricardo Barreiro puso en evidencia la interferencia del Poder Ejecutivo: «Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados y entonces, antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando —mediáticamente— que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”.

* En junio de 2017 un centenar de gendarmes ingresaron a la comunidad mapuche ubicada en Vaca Muerta (Campo Maripe) por una orden de Noceti. Se sucedieron hasta hoy casi un centenar de episodios represivos en los cuales hubo heridos de gravedad, maltrato a menores en situaciones de frío extremo, precintado de manos a mapuches tirados en el piso durante horas sin poder ir al baño y una sistemática criminalización de los mismos que siguen desfilando por juzgados en causas por usurpación y daño.

* “La escalada represiva organizada por Patricia Bullrich, Noceti, Gonzalo Cané y Gerardo Milman necesitarían mayor masa crítica para los asaltos y por esta razón el diario Jornada de Chubut daba cuenta el 30 de noviembre de 2016 de la virtual militarización de la zona al desplegar en la localidad de El maitén de la zona de Leleque, cientos de gendarmes, alojándolos en el gimnasio nro. 2 del pueblo del Maitén”

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ph – Gustavo Zaninelli

* En la causa principal por la muerte de Maldonado hay un testimonio clave para entender que el asalto a la Pu Lof de Cushamen fue planificado:  Dagma Beatriz Pérez dijo que el 31 de julio estaba de descanso de guardia «recibí un llamado telefónico en el que me convocan al escuadrón, yo formo parte del escuadrón 35 de El Bolsón, fue entre las 10:30 y las 11:00 de la noche». El argumento de la existencia de un hecho de flagrancia, súbito e imprevisto, fue un artilugio”.

* Noceti fue fotografiado sobre la ruta 40 el 1 de agosto de 2017, a mediodía y por la tarde. Un día después decía por radio Nacional de Esquel que «cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos, detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan, cuando corten la ruta 40 los vamos a detener, cuando se concentren de nuevo en el juzgado federal los vamos a detener, que lo tengan claro porque eso es lo que va a ocurrir, con el RAM no tenemos que dialogar, con el RAM lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos». La gendarme Romina Voelki ubicó a Noceti en el lugar de los hechos y en el registro del automóvil y sus ocupantes, tal como publicó el periodista Juan Alonso.

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(Pablo Noceti junto a oficial de Gendarmería, ph – Gustavo Zaninelli)

* Los ilícitos cometidos por los gendarmes no fueron simples hechos aislados de subordinados con falta de apego a la ley. Para la APDH, lo acreditado en el expediente FCR 8232/2017 ya es suficiente para considerar que los actos ilegales de Gendarmería dentro del Pu Lof donde desaparece el 1 de agosto Santiago Maldonado, ya sea quemando o destruyendo pertenencias, constituyen formas de amedrentamiento ilegal y por lo tanto actos violatorios a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, de la cual Argentina es signataria por la ley nro. 23338 e incorporado con jerarquía constitucional en la reforma de 1994” (cfr. fs. 22 vta.). Por otra parte, las denunciantes, bajo el subtítulo “cacería en el Lago Mascardi y el asesinato de Rafael Nahuel ” expusieron que “el plan represivo llevado adelante por los coautores denunciados, utilizó la desaparición de Santiago el 1 de agosto de 2017 para desatar una feroz campaña nacional de demonización de los mapuches. Envalentonados por el éxito electoral de octubre de 2017 la Ministra de Seguridad de la Nación da un nuevo paso para seguir escarmentando a las comunidades».

* El fiscal Picardi citó el informe del relator de Naciones Unidas, quien expresó su grave preocupación “por la información relativa a la violencia y el hostigamiento persistentes contra las comunidades indígenas, cometidos por agentes gubernamentales o con su complicidad o inacción. Estos hechos a menudo han tenido lugar en el contexto de las controversias sobre las tierras descritas anteriormente por los mecanismos de derechos humanos que han examinado la situación argentina. Mientras que la resolución de esos casos por los tribunales locales raramente es favorable a las comunidades, se las sigue criminalizado, ya que a menudo realizan protestas mediante el bloqueo de carreteras nacionales con el propósito de ser escuchadas, pues tienen muy pocos medios para hacer visibles sus reclamaciones. Las protestas y manifestaciones han sido violentamente reprimidas mediante un uso excesivo de la fuerza por las autoridades de seguridad locales, que en algunas ocasiones utilizan gases lacrimógenos y balas de goma contra multitudes compuestas por ancianos, mujeres y niños».

*  «Los conflictos y tensiones derivadas de la cuestión indígena, y puntualmente mapuche, no fueron gestionados por el Ministerio de Seguridad desde un paradigma de reducción de la violencia, sino más bien todo lo contrario. Ello, si bien en principio podría parecer una decisión de neto corte político, ha repercutido sobre hechos que, tal como explicaran los denunciantes, resultan, al menos, pasibles de ser investigados, en tanto podrían implicar la comisión de delitos pues han significado el uso excesivo de la fuerza –en algunos casos con resultados fatales– así como la sustracción del control judicial que debe guiar determinadas actuaciones policiales», resumió Picardi. Y citó las recomendaciones, incumplidas por el macrismo en el poder, del grupo especial sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. 

* El fiscal mencionó la causa que tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas por el espionaje ilegal a la familia Maldonado y a allegados a Santiago y a la comunidad mapuche, y destacó que el gobierno sembró el caso de pistas falsas mientras el joven aún estaba desaparecido, ubicando su paradero lejos de la estepa patagónica. Maldonado había acudido a Cushamen para una protesta por la libertad del lonko Facundo Jones Huala, a un mes de su detención en julio de 2017.



¿Este plan sistemático de concentración de tierras sin fin continuará con el cambio de gobierno a partir de diciembre? ¿Alguna vez verdaderamente se detuvo?¿Se retomará en la reconstrucción de la Argentina el tema sobre la propiedad comunitaria de la tierra, para evitar conflictos que terminan en represión y muerte para los pueblos originarios? La vida de Rafita no es sólo una vida, es un espejo de muchas vidas de jóvenes como él. Porque en el sur del país, detrás de las oficinas de turismo y las paradas con vistas al lago Nahuel Huapi, están los barrios populares, los peñi de Rafa y sus manos curtidas de realidad, que no esperan porque luchan junto a las comunidades, que exigen en un canto a la tierra !Ni un muerto más por defender el territorio !


fuentes: producción sobre el caso, entrevistas de Antena Libre.

redacción y edición: Emanuel Gimenez

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