Investigarán a Patricia Bullrich por plan criminal contra comunidades mapuches

La Asamblea permanente por los Derechos Humanos de Argentina solicitó en Junio a la Justicia que investiguen a Patricia Bullrich y demás funcionarios del Ministerio de Seguridad, por la hipótesis de un plan sistemático de espionaje y hostigamiento a las comunidades mapuches en los reclamos de tierras, «lo hacemos en virtud de nuestra intervención judicial en las causas Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, lo que nos ha permitido tener un manejo de la mecánica del Ministerio en estos temas» confirmó Mauricio Rojas, abogado querellante de la APDH en las causas mencionadas. El fiscal federal Franco Picardi confirmó la imputación.

(ph – TN)

En junio de este año, la Asamblea permanente por los Derechos Humanos de Argentina denunció a las autoridades del Ministerio de Seguridad por un plan criminal perpetrado contra las comunidades mapuches para resguardar los intereses inmobiliarios de los magnates de la Patagonia, que han hecho del amiguismo político con la actual gestión, una oportunidad de agigantar su posesión de tierras en complicidad con instituciones del Estado. El fiscal federal Franco Picardi retomó la denuncia e impulsa la imputación de Patricia Bulrrich y el ex jefe de gabinete del ministerio, Pablo Noceti, entre otros funcionarios.

Mauricio Rojas , abogado querellante de la APDH en las causas por los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado dijo en entrevista exclusiva para Antena Libre que:

«Algo que nos llamó la atención es que apenas asume Macri en el 2015, el presidente de Parques Nacionales es Eugenio Bréard, su único antecedente es haber sido del directorio de la corporación de Puerto Madero, una empresa inmobiliaria. Luego hay denuncias de comunidad Curruhinca por la entrega de lotes a empresas vinculadas al macrismo, como la empresa Plumas Verdes, que fue beneficiaria de una licitación en el lago Lacar vinculada al primo del Secretario de Pesca y Agricultura»

Maurico Rojas – abogado de la APDH

El abogado además aseguró que «vemos una mecánica en el Ministerio de Seguridad que se repite: lo primero que hace Bulrrich en febrero del 2016, en el Consejo Federal de Seguridad que realizan en Bariloche, epicentro de los conflictos por tierras, es una modificación al protocolo de la Protesta Social de dos elementos: la eliminación de la prohibición en el uso de armas de fuego por parte de Gendarmería y Prefectura e introducen la figura jurídica de «fragancia»; como consecuencia tuvimos dos muertes, la de Rafael Nahuel, y Santiago Maldonado».


Como es habitual, Bullrich respondió por Twitter y calificó el dictamen del fiscal federal Franco Picardi como un «apriete»:

Por lo pronto serán citados todos los funcionarios pertenecientes a las esferas de decisión del Ministerio de Seguridad, esperan la presencia de Pablo Noceti, por la responsabilidad que tuvo en el caso Santiago Maldonado, «hay mucha expectativa que en esta investigación se puedan ir desnudando el accionar de las más altas autoridades vinculadas al conflicto mapuche» finalizó Rojas.


Escucha la entrevista completa a Muricio Rojas:


El dictamen del Fiscal Franco Picardi

El dictamen consta de 80 carillas, Picardi se nutrió de todos los antecedentes fácticos y jurídicos vinculados a la criminalización a los pueblos originarios la Patagonia por parte de la gestión de Cambiemos:

(ph – Gustavo Zaninelli)

*  «El 17 de febrero de 2016 la ministra convocó en Bariloche, epicentro de los conflictos entre pueblos originarios y negocios inmobiliarios, a una cumbre del Consejo Federal de Seguridad donde manifestó hacia los mapuche una virtual ‘declaración de guerra’. Bullrich anunció un nuevo protocolo de actuación para la protesta social en el que introdujo dos herramientas disciplinar a la comunidad mapuche y a otras comunidades originarias eliminando la prohibición expresa al uso de armas de fuego que tenía el anterior protocolo […] e introduciendo y abusando de la figura jurídica de la ‘flagrancia’, utilizada para justificar el operativo que culminó con la desaparición y muerte de Maldonado.

* «En febrero de 2016 se realizó la reunión nacional del Consejo de Seguridad Interior en Bariloche a pedido de asociaciones patagónicas con Bullrich y sus ministros, en la cual manifestaron su preocupación por graves hechos delictivos cometidos por grupos autodenominados Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M.) y que estarían vinculados a comunidades radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén”. 

* «En agosto de 2016 el abogado Pablo Noceti estuvo en la audiencia de extradición del lonko Facundo Jones Huala, en Esque, junto a Guillermo Frankerberger, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

* «Los mapuches y la familia de Santiago Maldonado fueron espiados ilegalmente. Las operaciones de inteligencia ilegal contra los mapuches fueron parte de un plan más ambicioso que violar la ley de inteligencia, sino que se constituyó como un eslabón esencial para violentar de una manera irracional e ilegal la comunidad mapuche.  Así es como la Operación ‘Huracán’ de los carabineros chilenos contra los mapuches se convirtió en un escándalo que ya llevó a la cárcel a funcionarios de carabineros y desnudó también la inteligencia clandestina de Gendarmería de este lado de la cordillera. La investigación judicial en Chile en las últimas semanas fue arrojando los sólidos vínculos de inteligencia entre Carabineros y Gendarmería de manera ilegal para reprimir a los mapuches de manera coordinada en una suerte de nuevo Plan Cóndor y seguramente tendrá su correlato aquí cuando avance la investigación judicial”.

* «Gerardo Milman sostuvo que los propietarios de Patagonia Norte le manifestaron su preocupación sobre la problemática de las tomas de campo, el abigeato y los incendios forestales. ‘La nación está dispuesta a hacerse cargo y esperamos una respuesta desde la justicia federal’, sostuvo el funcionario”. Para la APDH, esto significó ‘la profundización del plan represivo orquestado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. 

* La Ministra Bullrich fue elocuente en todas sus declaraciones públicas que los mapuches estaban en la mira de su Ministerio como una ‘amenaza’ a la seguridad nacional”. Por eso cuando Nahuel fue asesinado no dudó en calificar el hecho como un ‘enfrentamiento’, a pesar de que los mapuche sólo tenían piedras. En esa causa, el juez Ricardo Barreiro puso en evidencia la interferencia del Poder Ejecutivo: «Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados y entonces, antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando —mediáticamente— que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”.

* En junio de 2017 un centenar de gendarmes ingresaron a la comunidad mapuche ubicada en Vaca Muerta (Campo Maripe) por una orden de Noceti. Se sucedieron hasta hoy casi un centenar de episodios represivos en los cuales hubo heridos de gravedad, maltrato a menores en situaciones de frío extremo, precintado de manos a mapuches tirados en el piso durante horas sin poder ir al baño y una sistemática criminalización de los mismos que siguen desfilando por juzgados en causas por usurpación y daño.

* “La escalada represiva organizada por Patricia Bullrich, Noceti, Gonzalo Cané y Gerardo Milman necesitarían mayor masa crítica para los asaltos y por esta razón el diario Jornada de Chubut daba cuenta el 30 de noviembre de 2016 de la virtual militarización de la zona al desplegar en la localidad de El maitén de la zona de Leleque, cientos de gendarmes, alojándolos en el gimnasio nro. 2 del pueblo del Maitén”

* En la causa principal por la muerte de Maldonado hay un testimonio clave para entender que el asalto a la Pu Lof de Cushamen fue planificado:  Dagma Beatriz Pérez dijo que el 31 de julio estaba de descanso de guardia «recibí un llamado telefónico en el que me convocan al escuadrón, yo formo parte del escuadrón 35 de El Bolsón, fue entre las 10:30 y las 11:00 de la noche». El argumento de la existencia de un hecho de flagrancia, súbito e imprevisto, fue un artilugio”.

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(Pablo Noceti junto a oficial de Gendarmería, ph – Gustavo Zaninelli)

* Noceti fue fotografiado sobre la ruta 40 el 1 de agosto de 2017, a mediodía y por la tarde. Un día después decía por radio Nacional de Esquel que «cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos, detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan, cuando corten la ruta 40 los vamos a detener, cuando se concentren de nuevo en el juzgado federal los vamos a detener, que lo tengan claro porque eso es lo que va a ocurrir, con el RAM no tenemos que dialogar, con el RAM lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos». La gendarme Romina Voelki ubicó a Noceti en el lugar de los hechos y en el registro del automóvil y sus ocupantes, tal como publicó el periodista Juan Alonso.

* Los ilícitos cometidos por los gendarmes no fueron simples hechos aislados de subordinados con falta de apego a la ley. Para la APDH, lo acreditado en el expediente FCR 8232/2017 ya es suficiente para considerar que los actos ilegales de Gendarmería dentro del Pu Lof donde desaparece el 1 de agosto Santiago Maldonado, ya sea quemando o destruyendo pertenencias, constituyen formas de amedrentamiento ilegal y por lo tanto actos violatorios a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, de la cual Argentina es signataria por la ley nro. 23338 e incorporado con jerarquía constitucional en la reforma de 1994” (cfr. fs. 22 vta.). Por otra parte, las denunciantes, bajo el subtítulo “cacería en el Lago Mascardi y el asesinato de Rafael Nahuel ” expusieron que “el plan represivo llevado adelante por los coautores denunciados, utilizó la desaparición de Santiago el 1 de agosto de 2017 para desatar una feroz campaña nacional de demonización de los mapuches. Envalentonados por el éxito electoral de octubre de 2017 la Ministra de Seguridad de la Nación da un nuevo paso para seguir escarmentando a las comunidades».

* El fiscal Picardi citó el informe del relator de Naciones Unidas, quien expresó su grave preocupación “por la información relativa a la violencia y el hostigamiento persistentes contra las comunidades indígenas, cometidos por agentes gubernamentales o con su complicidad o inacción. Estos hechos a menudo han tenido lugar en el contexto de las controversias sobre las tierras descritas anteriormente por los mecanismos de derechos humanos que han examinado la situación argentina. Mientras que la resolución de esos casos por los tribunales locales raramente es favorable a las comunidades, se las sigue criminalizado, ya que a menudo realizan protestas mediante el bloqueo de carreteras nacionales con el propósito de ser escuchadas, pues tienen muy pocos medios para hacer visibles sus reclamaciones. Las protestas y manifestaciones han sido violentamente reprimidas mediante un uso excesivo de la fuerza por las autoridades de seguridad locales, que en algunas ocasiones utilizan gases lacrimógenos y balas de goma contra multitudes compuestas por ancianos, mujeres y niños».

*  «Los conflictos y tensiones derivadas de la cuestión indígena, y puntualmente mapuche, no fueron gestionados por el Ministerio de Seguridad desde un paradigma de reducción de la violencia, sino más bien todo lo contrario. Ello, si bien en principio podría parecer una decisión de neto corte político, ha repercutido sobre hechos que, tal como explicaran los denunciantes, resultan, al menos, pasibles de ser investigados, en tanto podrían implicar la comisión de delitos pues han significado el uso excesivo de la fuerza –en algunos casos con resultados fatales– así como la sustracción del control judicial que debe guiar determinadas actuaciones policiales», resumió Picardi. Y citó las recomendaciones, incumplidas por el macrismo en el poder, del grupo especial sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. 

* El fiscal mencionó la causa que tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas por el espionaje ilegal a la familia Maldonado y a allegados a Santiago y a la comunidad mapuche, y destacó que el gobierno sembró el caso de pistas falsas mientras el joven aún estaba desaparecido, ubicando su paradero lejos de la estepa patagónica. Maldonado había acudido a Cushamen para una protesta por la libertad del lonko Facundo Jones Huala, a un mes de su detención en julio de 2017.


fuentes: Página 12 y entrevista a Mauricio Rojas por Antena Libre

redacción y edición: Emanuel Gimenez