Ante las ordenes de desalojo por parte de la Justicia Rionegrina a tres comunidades mapuches, la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche hace un llamado a resistir en el territorio los desalojos.
Comunidad Pino Quiñe en el paraje «La Japonesa»
La justicia rionegrina decidió avanzar en el desalojo de las comunidades Mapuche a pesar de la vigencia de la Ley Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena – Ley Nacional 26.160 prorrogada por ley 27.400, que expresamente en su artículo 2 suspende cualquier sentencia que implique el desalojo de una comunidad, mientras se realiza el relevamiento.
Las tres ordenes de desalojo que pone en peligro la seguridad de muchas familias de las comunidades mapuche y tehuelche son
- la Comunidad Pino Quiñe en el paraje «La Japonesa», en la costa del río Colorado, con una orden de desalojo del Juzgado 31 de Choele Choel a cargo de la Dra. Natalia Costanzo y que la justicia pretende realizar hoy el 3 de octubre de 2019.
- la Comunidad Newen Kurruf en cercanías de Catriel con una orden emanada del Juzgado N° 1 de Cipolletti a cargo del Dr. Diego de Vergilio que ha fijado una audiencia para el lunes 7 de octubre.
- la Comunidad Buenuleo con orden de desalojo impuesta por el Juez Sergio Pichetto que ayer convalidó el Juez Marcos Burgos, rechazando el pedido de impugnación presentado por la abogada que requería la revocación de la medida cautelar de desalojo forzado y expresaba la incompetencia de la justicia provincial. En este caso, ayer la decisión del magistrado interpretó que el derecho indígena no era aplicable a la comunidad Buenuleo, porque no posee la aceptación formal por parte del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). La defensa tiene cinco días hábiles para presentar la reserva extraordinaria para evitar el desalojo y la decisión está en manos de los jueces de Viedma
Deolinda Buenuleo, directora de Wallkin Tun TV e integrante de la comunidad Buenuleo (foto – Colectivo Al Margen – Bariloche)
El revelamiento que fija esta ley comenzó el 1 de agosto, con el acta de inicio en la Comunidad Pino Quiñe y fue necesaria la firma de un convenio entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro a través del Ministerio de Gobierno del Dr. Luis Di Giacomo y el INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que firmo su presidenta Jimena Psathakis, informaron desde la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, que representa los derechos comunitarios de 130 comunidades asentadas en el territorio de la provincia .
Sin embargo parece que nada de esto pesa en la decisión del Poder Judicial rionegrina, ni en la responsabilidad política del gobierno de Río Negro. En estos momentos la policía provincial se encuentra en cercanías del territorio de la Lof Pino Quiñé, en el paraje «La Japonesa», en la costa del río Colorado, mientras que los y las integrantes están dispuestos a no abandonar sus territorios.
A fines de septiembre la organización mapuche de Río Negro pidió con carácter de «urgente» una reunión con el Supremo Tribunal de Justicia a fin de plantear los distintos casos de desalojo de comunidades.
«Nos preocupa el accionar del Poder Judicial de la provincia que desconoce la vigencia de la ley de orden público como lo es la 26160, máxime teniendo en cuenta que desde la Coordinadora Mapuche hemos pedido a través de nota dirigida al Superior Tribunal de Justicia, el 25 de septiembre una reunión con carácter de urgente para saber si es que el derecho indígena tiene vigencia dentro del territorio de Río Negro. Con antecedente de lo que paso en la comunidad Lafken Winkul Mapu con la muerte del peñi Rafael Nahuel en un desalojo comunitario, es incomprensible la actuación de Poder Judicial ante hechos que pueden traer consecuencias irreparables».
Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche
Finalmente, hacen responsable al Poder Judicial y al Gobierno de Río Negro del accionar represivo que pueda llegar a suceder ante la inminencia de los hechos, «no estamos en condiciones de avalar pasivamente el atropello que pretenden hacer, desconociendo la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT, leyes provinciales vigentes, pero fundamentalmente desconocen razones humanas para evitar la violencia». expresaron. La decisión política de la Mesa es resisitir y piden el acompañamiento de gremios y organizaciones sociales en los territorios para evitar los desalojo en Catriel, Cipolletti y Bariloche.
