Múltiples rechazos al «Servicio cívico voluntario»

Ante la propuesta del Ministerio de Seguridad de implementar un Servicio Cívico Voluntario, varias organizaciones sociales, de Derechos Humanos y sindicales mostraron su firme oposición a la iniciativa. En principio, la experiencia se realizará en seis puntos del país, uno de ellos, San Carlos de Bariloche.

Gendarmería Nacional en su intervención en el desalojo del vice rectorado de la UNRN. Foto: Marcelo Miranda

Según la resolución 598/2.019, el Servicio Cívico Voluntario en Valores estará dirigido a jóvenes de 16 a 20 años «tendrá por objeto brindar capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio».

La puesta en práctica será realizada por Gendarmería Nacional en seis lugares de la Argentina, entre ellos el Escuadrón N° 34 “Cabo Primero Marciano Verón”, de San Carlos de Bariloche.

Ante la iniciativa, el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, CONyA, Liga Argentina por los Derechos Humanos, UnTER  y la Red por la Identidad expresaron «su rechazo absoluto a la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de  Gendarmería Nacional».

Según las organizaciones, «esta definición del gobierno nacional, propone dejar a cargo de las fuerzas de seguridad las políticas de niñez y adolescencia y desplazar a los organismos de promoción y protección de sus derechos que de acuerdo al sistema proteccional deberían ser los que estén a cargo».

«La Gendarmería Nacional, ha sido denunciada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sus prácticas han afectado el sistema democrático y su estructura  tampoco es democrática. Es la fuerza más militarizada, más violenta, más autoritaria, de todas las fuerzas de seguridad existentes en el país. Por ende, no está en condiciones de enseñar democracia o valores republicanos.  Esta medida irresponsable y demagógica, promueve una forma más de disciplinamiento y control social y responde a la visión autoritaria que caracteriza a este gobierno» denunciaron en un documento conjunto dado a conocer este miércoles.

Como contrapartida, se exigió la implementación de la ley 26.061 (Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) donde «son los organismos, entidades y servicios creados por esta ley quienes deben diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Exigimos que los Estados nacional y provinciales dispongan de recursos presupuestarios para llevar adelante esas políticas, lamentablemente desfinanciadas de modo continuado y consecutivo».


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